En las instalaciones de la Organización de las Naciones Unidad, en Nueva York (Estados Unidos), este domingo, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo García, y su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvieron una reunión por la situación jurídica de los jefes de la guerrilla del ELN que permanecen en la isla.
El encuentro, según el ministro Trujillo García, dejó en evidencia las profundas diferencias entre ambos gobiernos por la demora del trámite de extradición de los cabecillas de ese grupo subversivo Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, y Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’, entre otros.
“La diferencias son gigantescas con Cuba con relación con los terroristas del ELN que tienen en su poder, con la circular roja de Interpol, la diferencia que tenemos por la solicitud de un juez de extradición. Las diferencias son muy fuertes, las diferencias siempre tienen consecuencias, pero las diferencias hay que ver cómo se administran”, sostuvo el canciller.
Trujillo García afirmó que espera que en el transcurso de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas Cuba entregue por escrito las razones del porqué no ha avanzado en el proceso de extradición.
Cabe recordar que el pasado 10 septiembre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia insistió de manera formal en su solicitud a Cuba para que entregue a los jefes de la guerrilla del ELN que aún permanecen en la isla y que tienen orden de captura a través de circular roja por la comisión de varios actos terroristas.
Por medio de un comunicado, la Cancillería recordó que desde enero de 2019 ha venido elevando una petición a las autoridades de la isla.
“Desde enero pasado se hizo esta solicitud en relación con dos de sus máximos jefes, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, e Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, quienes se encuentran en la República de Cuba y sobre los cuales han sido expedidas circulares rojas de Interpol, lo que impone la obligación a Cuba de dar cumplimiento al Tratado de Interpol, que ambos países han ratificado”, dijo en su momento la Cancillería.
Recordó el Gobierno que “por lo cual denunciará ante las más altas instancias de la ONU a aquellos Estados que alojen, protejan, financien o permitan la circulación en su territorio de miembros de grupos que hayan cometido, cometan o planeen cometer actos terroristas en Colombia”.
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