Asesinato de líderes sociales, confinamiento de comunidades enteras y reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales son algunas de las situaciones de inseguridad que azotan actualmente el departamento del Chocó. Así lo denunciaron líderes y líderesas de la región en el Quinto Diálogo por la No Repetición en Quibdó, convocado el pasado jueves por la Comisión de la Verdad.
El problema de orden público, explicaron los asistentes, está motivado principalmente por los constantes enfrentamientos entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, nombre que a veces toma el Clan del Golfo para darse un estatus político, pese a que los choques armados solo se deban a un intento por el control de la población y las rutas del narcotráfico.
“Antes de la firma de los Acuerdos en 2016, al menos uno sabía que existían las Farc y podía llegar a un acuerdo con cualquier comandante para que no le hicieran nada a la comunidad, pero ahora uno sabe ya con quién hablar”, aseguró un líder que prefirió reservar su nombre por seguridad.
Agregó que “ahora uno va adonde ‘Uriel’ (comandante del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN), pero él le dice a uno que hable con tal persona, que porque no sabe qué decisiones se toman en tal parte. Al día de hoy es muy difícil saber qué grupo es cuál”.
El temor por denunciar estos hechos es tal que algunos líderes prefieren no revelar su identidad, dado que, como anotaron en el evento, “ya nos han matado miembros de nuestra comunidad por decir este tipo de cosas en encuentros públicos o, incluso, con solo hablar con las autoridades”.
La Diócesis de Quibdó denunció que la llegada de familias desplazadas a los barrios periféricos de la capital chocoana incrementa los índices de pobreza y hacinamiento en los hogares.
Un informe del mes de agosto de la Defensoría del Pueblo aseguró que en lo corrido de este año se han registrado más de 16.500 indígenas y afrodescendientes confinados en sus caseríos, sin posibilidad de desplazarse por la presión de grupos armados al margen de la ley.
Se trata de una cifra que supera todo el 2018, cuando la Defensoría reportó un total de 15.548 personas confinadas en diferentes comunidades del Chocó.
De acuerdo con la entidad, la región del Sub-Atrato es la más afectada de todas, lo que deja víctimas directas en los municipios de Acandí, Riosucio, Unguía y Carmen del Darién.
De hecho, en el evento se denunció que actualmente hay más de 3000 personas confinadas en los alrededores del río Bojayá, dado los enfrentamientos entre el ELN y las AGC, lo que ha dejado dos muertos.
“Hablar, reclamar y exigir nuestros derechos casi que pareciera un delito para los grupos asentados en el territorio. El arma de nosotros es la voz”, afirmó Dora Helena Sepúlveda, vocera de la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó y una de las cabezas visibles durante el evento.
De acuerdo con la lideresa de la etnia Chamí, “así como nosotros no hemos asesinado en ningún momento a guerrillero o paramilitar alguno, a ellos les exigimos el respeto por la vida”.
Un reporte que la Comisión de la Verdad entregó en el Quinto Diálogo por la No Repetición reveló que un total de 30 líderes del pueblo étnico (indígenas y afrodescendientes) han sido asesinados en los últimos tres años.
Y es que en ese mismo periodo de tiempo por lo menos 100 niños han sido reclutados de manera forzada por los dos grupos predominantes en el departamento.
“Se trata de menores de 12 y 14 años, lo que también incluye niñas que se han llevado violentamente de sus familias. A otros los han engañado con muchos argumentos para que hagan parte de sus filas”, indicó el monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó.
Pero la crisis humanitaria en el Chocó no se detiene en ese punto, pues también se ha visto agravada por el desplazamiento forzado de miles de familias, dadas las amenazas y constantes enfrentamientos armados.
Según declaraciones de líderes en el evento, algunas comunidades se han visto obligadas
a pagar impuestos por obras adelantadas por grupos armados ilegales.
No solo preocupa que entre el 1 de enero y el 8 de octubre 1392 personas hayan sido desplazadas en el departamento, de acuerdo a una alerta emitida por la Defensoría en su momento, sino también los 1120 individuos pertenecientes a 256 familias del Alto Baudó que tuvieron que huír del territorio entre el 16 y 18 de noviembre “como consecuencia de la presencia y accionar armado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, según Naciones Unidas.
Y es que de acuerdo al encuentro convocado por la Comisión de la Verdad, algunas familias se han visto obligadas a cruzar a Panamá para no sufrir las retaliaciones de los violentos.
Son por todas estas situaciones que el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Cocomacia, Fedeorewa, Mesa Indígena del Chocó y la Diócesis de Quibdó enviaron una carta de alerta el presidente de la República, Iván Duque, el pasado 17 de noviembre.
“Es evidente que lo que se pretende con esta sistemática vulneración a los derechos de los pueblos étnicos del Bajo y Medio Atrato es apoderarse de nuestros territorios, con la intención de realizar grandes proyectos económicos”, asevera el documento, que exige al Gobierno una implementación más efectiva del Acuerdo de Paz.
Por su parte, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, advirtió que en el Chocó “también hay presencia de pequeñas estructuras del narcotráfico al servicio del Clan del Golfo, aparte de delegados de los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Lo que sí hay que aclarar es que estos no operan como estructuras pesadas, o sea como hombres fuertemente armados que hagan patrullajes”.
Ávila señaló que la Fundación también ha logrado determinar la llegada de una disidencia de las Farc al centro del departamento, grupo integrado por alrededor de 30 hombres y que por el momento no cuenta con ningún nombre.
“Aún no hemos podido ver si ellos tienen alianzas con ELN o si puede estallar una guerra entre ambas agrupaciones”, anotó.
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