Clínicas y hospitales, en vilo por demora en pagos

A hoy, 21 de enero de 2020, la IPS Universitaria aún no ha podido pagar los salarios de diciembre.

Ese panorama preocupante lo confirmó Marta Cecilia Ramírez Orrego, directora de la entidad que funciona en la otrora Clínica León XIII, quien esperaba con ansias que el cierre del año pasado llegara con el desembolso del Gobierno Nacional de los recursos prometidos para el departamento en el Acuerdo de Punto Final.

La ecuación es más sencilla de lo que parece. De los $250.000 millones prometidos para dejar en cero las deudas por los servicios que están por fuera del Plan de Beneficios en Salud (antes POS) en el departamento, la Gobernación de Antioquia debía girar $120.000 millones y el Gobierno Nacional $130.000 millones.

La plata se esperaba antes del cierre de 2019 y era un insumo clave para los hospitales públicos y clínicas y centros hospitalarios que funcionan como IPS para tener un respiro financiero. Lo que le correspondía a la administración departamental llegó en septiembre luego de que se auditaran las cuentas y se estableciera una especie de corte para pagar por los servicios prestados, pero el giro de la Nación aún no se concreta. ¿Qué pasó?

El exgobernador Luis Pérez Gutiérrez explicó que la parte de la deuda que le correspondía al Departamento se canceló sin contratiempos y cuestionó que aún no llegue el dinero proveniente del Gobierno Nacional, tal como se firmó en la promesa junto al presidente Iván Duque y a los ministros de Salud y Hacienda (23 de julio de 2019), en Medellín.

“Nosotros (el Departamento) cumplimos a cabalidad con esa tarea: repartimos $120.000 millones a las IPS y a Savia e, incluso, con recursos adicionales pagamos un poco más. El Gobierno Nacional, de forma inexplicable, comenzó a poner requisitos que no estaban en el Acuerdo de Punto Final y parecía más una disculpa para demorar los pagos”, indicó Pérez. Y añadió: “la Gobernación llenó todos los requisitos y siempre decían que el dinero ya estaba listo, pero no apareció”.

Diana Cárdenas, viceministra de Protección Social, explicó que, “a pesar del gran esfuerzo realizado por la administración anterior, no fue posible completar la firma de todos los contratos de transacción que se requerían para el giro de los $130.000 millones de cofinanciación. En particular, hubo dificultades con los de menor cuantía, dado que muchos beneficiarios no se acercaron para firmar y así completar el requisito que impone el Plan Nacional de Desarrollo para el giro de los recursos de la Nación”, dijo la funcionaria.

Marta Cecilia Ramírez, directora de la IPS Universitaria, contó que Minsalud ha argumentado que los recursos están, pero que tuvieron problemas con las cuentas auditadas por la Gobernación, entidad territorial que para tal fin contrató a la Facultad de Salud Pública de la U. de A.

Por su parte Andrés Aguirre, director general del Hospital Pablo Tobón Uribe, valoró que si bien el Acuerdo de Punto Final no soluciona el total de las deudas del sistema sí es una buena intención para que unos recursos se recuperen y lleguen a clínicas y hospitales.

El directivo cuestionó además la metodología utilizada para auditar las cuentas y calificó ese proceso como “tortuoso” porque se verificaban servicios prestados en años anteriores (2015 o 2016, por ejemplo) con bases de datos de la actualidad, lo que generaba inconsistencias porque muchos pacientes cambiaron de asegurador en ese lapso.

De hecho en dos cartas, firmadas por los directores de los principales centros asistenciales del departamento, expresaron esa preocupación para que se aclararan las deudas: “Valga la pena reiterar las dificultades que hemos tenido con la auditoría de las cuentas por parte de la Facultad de Salud Pública de la U. de A., donde el promedio de cuentas por auditar de la No PBS está en el 71 %”, decía la comunicación que resaltaba que había facturas auditadas a medias o no auditadas que entorpecían el proceso.

Fuentes del Hospital General, contaron que dicha institución recibió en septiembre un primer desembolso por $3.600 millones que hacía parte de los servicios prestados que están por fuera del Plan de Beneficios en Salud, dinero que correspondía a cerca del 40 % del total de la deuda de la Seccional al hospital por ese rubro.

“Luego, a finales de diciembre, la Gobernación nos hizo un desembolso de $1.300 millones y a través de una cesión de Savia otros $4.000 millones. La Gobernación cumplió, pero ahora esperamos porque falta aclarar deudas por $5.000 millones de octubre, noviembre y diciembre y hay unas deudas que esperemos se paguen con el giro del Gobierno”, dijo el vocero.

La esperanza de los directores de las entidades de salud es que con el cambio de gobierno departamental se aclare el panorama y, de una vez por todas, el Acuerdo de Punto Final sea el comienzo de la recuperación del sector salud. La Gobernación, por su parte, consultada sobre el tema, explicó que aún no se prounciará .