Tras un consejo de seguridad realizado en Popayán, del que participaron los viceministros de defensa y del interior y autoridades de Popayán, se determinó judicialuzar a los responsables del derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar y ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de pesos, para quien de información que permita la detención de quienes atentaron contra un patrimonio cultural.