En su compromiso de fiscalización a los recursos de la Ley de Víctimas, la Contraloría General de la República ha realizado 32 ejercicios auditores desde el año 2012, donde hasta el 2019 se habían encontrado posibles detrimentos patrimoniales por $35.941 millones de pesos.
Y desde el 2020 hasta lo corrido del 2021, se están adelantando ejercicios de auditoría en la Unidad para la Víctimas y en el Banco Agrario.
El órgano de control ha reiterado que la Ley de Víctimas está desfinanciada. La Contraloría calcula que hasta el año 2030 el Gobierno Nacional debe invertir unos $357 billones para los más de 9 millones de colombianos incluidos en el Registro Nacional de Víctimas y las mayores inversiones están relacionadas con los temas de vivienda (cerca de $24 billones) y alimentación (por un monto similar).
También ha advertido la Contraloría que los decretos leyes étnicos se encuentran desfinanciados y hay más de 483 sujetos étnicos, de los cuales solo el 10% ha sido reparado, manifestó el Contralor Delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón.
Lo primero que debe indicarse -anotó- es que la Contraloría General de la República, en su compromiso con la vigilancia de los recursos públicos destinados a la restitución de derechos y reparación de las víctimas, reconoce la vital importancia de la aplicación eficiente de los recursos en la política pública de víctimas por parte de las entidades responsables.
Es así como, a través de la realización de ejercicios de control fiscal a las entidades responsables de la ejecución de la política pública de víctimas, y la elaboración de análisis especializados sobre sus componentes, este organismo de control ha logrado identificar riesgos y cuellos de botella en la misma, en el marco de la Comisión de Seguimiento de la cual esta entidad hace parte.
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