La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República quieren expresar a la opinión pública:
1. La protesta pacífica es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política. Somos garantes y protectores de los derechos humanos de toda la población, por ende, en el marco de nuestras competencias, seguiremos trabajando en el esclarecimiento y la determinación de responsabilidades penal, disciplinaria y fiscal de lo acontecido durante las manifestaciones en Colombia.
2. Los bloqueos u obstrucción a la vía pública no constituyen una expresión de la protesta pacífica, pues violentan derechos y producen daños irreparables a la población.
3. Los bloqueos u obstrucciones en vía pública, cuando están acompañados de la utilización de medios ilícitos, son un delito y atentan contra los derechos humanos de toda la población colombiana; por lo tanto, los perpetradores e instigadores de estos pueden estar incursos en responsabilidad penal. Adicionalmente, si son funcionarios públicos podrían recibir sanciones disciplinarias y fiscales. Estos actos deben ser rechazados por la sociedad colombiana y enfrentados con todas las herramientas legales e institucionales.
4. Hacemos una clara advertencia que todos los niveles de la administración pública deben actuar para la aplicación de la Constitución y la ley, y por lo tanto proteger los derechos de toda la nación.
5. Bienvenidos todos los espacios de deliberación y construcción de acuerdos, pero nunca por vías de hecho que saboteen el vivir de los ciudadanos
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