Los abogados penalistas Mauricio Páramo Cortázar, Óscar Javier Gallego Cortázar, Benjamín Édgar Torres Rondón y Diego Fernando Noha Castillo fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por el delito de estafa agravada, mediante el cual habrían afectado a un total de 26 víctimas por la suma de 700 millones de pesos.
Los hechos motivo de esta investigación ocurrieron entre 2010 y 2013, cuando los procesados se habrían hecho pasar como funcionarios públicos encargados de tramitar la venta de inmuebles en remate por cuenta de la Dirección Nacional de Estupefacientes u otras empresas del sector público o privado.
Los indiciados ofrecían servicios de trámite y asesoría en la compra de esos supuestos bienes a través de la cesión de crédito o de derechos litigiosos, que pertenecen o son administrados por empresas del sector público o privado. Y para lo cual firmaban entre las partes un contrato de prestación de servicios que autenticaban en notaría, en el cual quedaba registrado el valor del primer abono que era entregado de forma inmediata.
Luego de transcurrido el término para el cumplimiento del contrato, las víctimas, todas ubicadas en el Tolima, se percataban de la estafa al no poder acceder al bien inmueble negociado ni tampoco lograban la devolución del dinero.
Actividades investigativas lograron determinar que su modus operandi habría sido el mismo en varios casos, ya que las denuncias guardaban similitudes, logrando así asociar un total de 18 noticias criminales en los que todos los hoy imputados en calidad de coautores habrían participado.
Ninguno aceptó los cargos imputados por la fiscal. La próxima audiencia será de acusación.
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