La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al alcalde de Miranda, Cauca, José Leonardo Valencia Narváez (2016-2019) y al jefe de la Oficina Jurídica, Luis Carlos López Chacón (2016), por presuntas irregularidades en la contratación de servicios profesionales para prestar asesorías en asuntos administrativos.
Se cuestiona a los exfuncionarios por supuestamente aprobar, suscribir y certificar la suficiencia del citado bilateral para asesorar a la administración municipal en la proyección de actos administrativos, así como en la revisión técnica de los documentos contractuales, al parecer, sin que el contratista reuniera los requisitos académicos legalmente exigidos.
De acuerdo con la verificación adelantada por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Fidias Arturo Carabalí Gaitán, la persona que asesoraría al municipio de Miranda, no ostentaría este título profesional, aunque en la documentación que presentó como contratista habría acreditado que era administrador público de esta institución.
Para la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santander de Quilichao, Valencia Narváez y López Chacón habrían omitido cumplir sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y los reglamentos. Con este posible actuar, el exmandatario y el exjefe de la Oficina Jurídica pudieron transgredir los principios que regulan la actividad contractual y la función administrativa.
El ente de control calificó provisionalmente las faltas de los investigados como gravísimas, cometidas a título de culpa gravísima. El Ministerio Público remitió copia del expediente a la Fiscalía Seccional de Santander de Quilichao, para que se investigue lo relacionado con la conducta desplegada por Carabalí Gaitán como contratista.
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