La defensoría nacional del pueblo emitió la alerta temprana de inminencia No 031 de 2023 por las graves afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en los municipios de Miranda y Corinto, en Cauca, y Pradera y Florida, en Valle del Cauca, porque tres grupos armados ilegales se disputan el control territorial y social, lo que ha puesto en riesgo a las comunidades, según lo informó hoy, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El documento detalla las acciones que han puesto en riesgo a la población civil, principalmente por los combates del ELN y la Segunda Marquetalia contra el frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central, organización armada, liderada por ‘Iván Mordisco’, que por años ha mantenido el “control” de la zona.
“A los enfrentamientos y hostigamientos se suma que estos grupos armados adelantan acciones directas contra las comunidades, lo cual se refleja en el ataque indiscriminado contra civiles, atentados, homicidios selectivos y masacres”, aseguró Camargo Assis.
La Alerta establece que la población civil es sometida y obligada a “colaborar” mediante el uso de la violencia, amenazas e intimidaciones, que ejercen las estructuras ilegales contra las comunidades. Como ocurre en otros territorios, realizan reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
Se especifica que Florida, Pradera, Miranda y Corinto forman parte de una subregión entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, zona que funciona como corredor estratégico para los grupos armados, posibilita la conexión entre los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Tolima, con tránsito igualmente hacia Cali y su área metropolitana.
“Teniendo en cuenta el escenario de riesgo advertido en la Alerta y con el fin de mitigar y prevenir el riesgo descrito y salvaguardar los derechos fundamentales de la población civil, realizamos, con nuestro Sistema de Alertas Tempranas, 29 recomendaciones a entidades del Gobierno Nacional y autoridades regionales para que tomen acciones bajo una perspectiva de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, concluyó el Defensor del Pueblo.
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