La Audiencia Pública desarrollada en el Congreso
de la República, convocada con motivo de los Proyectos de Ley 405 de 2025 (Senado) y
279 de 2024 (Cámara), recogió las voces de las comunidades, líderes territoriales y
actores institucionales que respaldan la prórroga del Decreto Ley 893 de 2017 y el
fortalecimiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como parte del compromiso nacional con la paz y la justicia territorial.
A dos años de la terminación de la vigencia de los PDET, y con procesos de transformación aún en marcha, los territorios priorizados siguen enfrentando desafíos estructurales que requieren más tiempo, inversión y una presencia estatal sostenida. Si bien la implementación de los PDET ha permitido avanzar en el cierre de brechas, la magnitud de las necesidades acumuladas y la profundidad de los cambios requeridos exigen ampliar su vigencia, para consolidar una paz duradera, con justicia social y equidad para la Colombia rural.
“Es necesario que se amplíe el tiempo para cumplir con los PDET. Lo que queda, casi dos
años, no es suficiente. Tenemos muchas necesidades básicas: salud, educación, producción”, expresó Guillermo Salazar Espinosa, campesino de La Tola, Nariño, una de las voces que llegó hasta el Congreso para respaldar la iniciativa de ampliar por diez años más los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. “Se necesita más tiempo. La paz se construye con desarrollo, con oportunidades reales, con inversión que llegue a la Colombia profunda, a las zonas más apartadas”, concluyó.
Sin embargo, no se trata solo de tiempo. Las voces participantes en la Audiencia Pública también solicitaron evaluar la posibilidad de ampliar la inclusión de otros territorios al programa PDET, reconociendo que existen comunidades adicionales que requieren atención prioritaria para avanzar en la construcción de paz territorial y desarrollo integral.
El Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar y el Gobernador de Norte de Santander,
William Villamizar, reconocieron los avances en la implementación de los PDET, el fortalecimiento de las fuentes de financiación y la articulación con el Gobierno nacional a través de la Agencia de Renovación del Territorio y, al mismo tiempo, defendieron la necesidad de ampliar la vigencia de los PDET por el gran de rezago y al deuda social con los territorios históricamente excluidos.
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