en el marco del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, las organizaciones y agencias firmantes de esta comunicación hacen un llamado para aunar esfuerzos que permitan poner fin a esta práctica nociva en Colombia. Se trata de una vulneración de los derechos de las niñas y mujeres que trae importantes consecuencias para su salud, vida y dignidad, además de reflejar las desigualdades de género arraigadas en la comunidades y sociedades.
La mutilación genital femenina constituye una grave violación de derechos humanos como la igualdad y la no discriminación por razones de sexo. Esta práctica nociva involucra la alteración, daño o corte de los genitales femeninos por razones no médicas.
En ese sentido, en palabras de Arelis Cortés, Consejera de Mujer, Familia y Generación de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca – ORIVAC -:
“Desde el pensar de nosotras como mujeres indígenas esta es una práctica que no se debe realizar puesto que las mismas mujeres están atentando contra el derecho de las niñas a la vida, a una vida digna y a tener una buena salud. Por eso hemos venido tratando de crear conciencia en nuestras mujeres para que no se siga haciendo más esta práctica nociva, pues creemos que toda mujer tiene el derecho de tener una vida sexual y una salud tranquilas, y esta práctica atenta contra esos derechos”.
En la actualidad más de 4 millones de niñas en el mundo están en riesgo de sufrir esta práctica. Las niñas que la han sobrevivido enfrentan diversas complicaciones de salud como dolor severo, sangrado excesivo, infecciones y afecciones urinarias. De la misma manera, los efectos negativos en la salud mental, sexual y reproductiva son evidentes en el largo plazo.
Colombia es el único país de América Latina que ha reconocido que la mutilación o ablación genital femenina aún se practica en algunas comunidades indígenas; sin embargo, no existe un registro preciso del número de niñas afectadas en el país, aunque sí sabemos que han fallecido niñas como consecuencia de esta práctica. La explicación sobre el porqué se lleva a cabo es aún
materia de investigación; y son las mismas comunidades quienes están tratando de entender su origen, toda vez que algunas de ellas señalan que no hace parte de su cultura.
La Consejería de Mujer, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC -, en su compromiso por la prevención y protección de las mujeres y las niñas indígenas, ha venido trabajando por medio de la resolución “Mujeres, violencias y acceso a la justicia” del año 2015:
Parágrafo 5. En los procesos de formación se incluirá el tema de violencias contra las mujeres, incluyendo todas aquellas prácticas nocivas que atentan contra la vida, la integridad y la salud de las mujeres. Los procesos de sensibilización estarán dirigidos a los compañeros, compañeras, Autoridades hombres y mujeres en las diferentes comunidades indígenas.
Resolución que ha sido acogida por varias de las organizaciones indígenas a nivel territorial, motivando la implementación de esta en los territorios y permitiendo un trabajo articulado en los procesos de sensibilización dirigidos a mujeres, jóvenes, mayores, mayoras y autoridades indígenas como una forma de mitigar las prácticas nocivas impuestas que vulneran los derechos fundamentales de las niñas y las mujeres, desarmonizando así el buen vivir de nuestros pueblos indígenas.
Teniendo en cuenta lo anterior, son varios e importantes los logros que se han alcanzado con base en el trabajo conjunto para erradicar esta práctica. En 2012 y en 2017, comunidades como la Embera de Pueblo Rico y Mistrató (Risaralda), Trujillo (Valle del Cauca), y Embera Chamí (Valle del Cauca) declararon públicamente su compromiso para abandonar la práctica.
Los dos primeros mandatos indígenas se suscribieron en el 2014 en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico en Risaralda. La ONIC en su IX Congreso de los Pueblos en el 2016, asumió entre sus líneas de acción “conocer, visibilizar, concientizar y transformar las practicas que van en contra de la salud y bienestar de las mujeres y niñas Indígenas”. Y el 5 de septiembre de 2017 en el municipio de Bolívar del Valle del Cauca, el parlamento de la nación Embera suscribió el mandato más reciente.
Con respecto al trabajo para reducir la mutilación genital femenina, Solani Zapata, lideresa del pueblo indígena Embera Chamí, del Resguardo Indígena Suratena del Municipio de Marsella en Risaralda, asegura:
“Todo lo que se ha hecho es muy importante porque muchas veces, más que todo mujeres jóvenes, después de los talleres de concientización sobre el tema decían que no estaban de acuerdo con que se les hiciera eso a las niñas. Pero lo más difícil ha sido concientizar a las mayoras sobre la importancia de eliminar esta práctica porque sus creencias sobre este órgano genital (clítoris) de las niñas están muy arraigadas”.
Si bien los esfuerzos mencionados han representado avances en Colombia para cumplir con la meta 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, orientada a la erradicación de la mutilación genital y otras prácticas nocivas, es necesario redoblar los esfuerzos. Solo a través de la unión
de voluntades y del trabajo colaborativo será posible garantizar que todas las niñas del país, indiferente de su origen étnico, materialicen sus derechos y gocen de una salud sexual y reproductiva óptima que les permita desarrollar plenamente su potencial.
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