La representante legal de la Organización Femenina Popular (OFP), Gloria Amparo Suárez denunció el feminicidio de la lideresa social Carlota Isabel Salinas Pérez, reconocida defensora de los derechos de la mujer dentro del conflicto armado.
Los hechos se registraron el martes 24 de marzo en el municipio de San Pablo, ubicado al sur del departamento de Bolívar.
Hombres armados llegaron hasta su vivienda ubicada en el barrio Guarigua y la obligaron a caminar algunos metros y posteriormente, le dispararon. El esposo de la víctima permanece desaparecido.
“En horas de la noche recibimos la noticia de San Pablo, donde llegaron unos hombres armados hasta la casa de nuestra compañera Carlota y la asesinaron”, dijo.
La víctima llevaba 15 años liderando procesos de intervención en los barrios de las comunidades del municipio.
“Fue una compañera que se destacó siempre por su solidaridad, por el acompañamiento a las otras mujeres, también por el apoyo a las víctimas de la violencia de género”, señaló la representante legal de la organización.
La lideresa social hacia parte además de la Defensa Civil Colombiana por lo que, horas antes de su muerte estuvo recorriendo varias zonas del casco urbano del municipio de San Pablo, recogiendo alimentos para las familias vulnerables, que deben permanecer aisladas por el coronavirus.
“Su espíritu de ayuda, la llevó a integrar la Organización Femenina Popular y desde allí impulsar grupos de mujeres productoras, ahorradoras, lideresas, defensoras de víctimas y defensoras de una vida libre de violencias”, recordó Suárez.
La víctima era madre de 2 hijos jóvenes y de una adolescente y se encontraba en su vivienda, cuando fue asesinada.
“Ella fue una líder social que se fue empoderando entre las comunidades y poco a poco fue encargándose de varias iniciativas dentro del municipio”, agregó.
A través de un comunicado, la Organización Femenina Popular le exigió a la Fiscalía General de la Nación adelantar la investigación sobre este feminicidio, por considerar que la mujer fue asesinada por defender los derechos de sus congéneres.
Pidieron además que, “se esclarezcan los móviles del crimen y las estructuras organizadas que existen en la región y que son responsables de los asesinatos de líderes y lideresas sociales del Magdalena Medio”.
Reclamaron que desde que se firmó la paz han sido asesinados más de 800 hombres y mujeres, que se forjaron dentro de las comunidades rurales y urbanas para defender sus derechos y territorios.
“Hoy nuevamente nos duele su asesinato que se suma a los más de 800 líderes y lideresas asesinadas desde la firma de los Acuerdos de Paz en el año 2016 y reconocemos la urgencia de que el Estado Colombiano cumpla con sus obligaciones de debida diligencia y protección de la vida de quienes luchan por las comunidades, la justicia y la dignidad”, señaló la organización.
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