Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por disputas territoriales entre los grupos Jacobo Arenas y el ELN en zona rural de Popayán

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 018 de 2026, en la que advierte sobre el complejo escenario de seguridad que enfrenta Popayán y los riesgos para la vida, integridad, libertad y seguridad de los habitantes de sus nueve comunas y 23 corregimientos. Según la entidad, en la zona rural existe una disputa entre el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, del autodenominado Estado Mayor Central, y el ELN por el control de corredores estratégicos que conectan al Cauca con Valle del Cauca, Nariño y Huila, rutas relacionadas con dinámicas del narcotráfico, el control territorial y otras economías ilegales.

La alerta también señala una situación de preocupación en el área urbana, donde confluirían grupos armados ilegales y organizaciones criminales, entre ellas bandas locales y emisarios de estructuras transnacionales. La Defensoría advierte que Popayán estaría siendo utilizada como refugio y plataforma para actividades asociadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico y la minería ilegal. Entre los hechos violentos documentados se encuentra la masacre registrada en abril de 2026 en el corregimiento de La Meseta, donde fueron asesinadas seis personas, así como la incineración de tres personas dentro de un vehículo en marzo. A esto se suman amenazas mediante panfletos, acciones de proselitismo armado, instalación de pancartas y el riesgo derivado del uso de drones con explosivos contra instalaciones militares.

La entidad también identificó riesgos específicos para poblaciones en condición de vulnerabilidad, entre ellos niñas, niños y adolescentes, quienes estarían siendo objeto de estrategias de reclutamiento y utilización por parte de estructuras armadas, incluso a través de plataformas digitales. Las mujeres, especialmente quienes ejercen actividades sexuales, enfrentarían violencias basadas en género y mecanismos de control, mientras que los pueblos indígenas Kokonuko, Nasa, Misak y Yanakona estarían afectados por restricciones a la movilidad y a sus prácticas tradicionales. Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 27 recomendaciones a entidades nacionales y territoriales, orientadas a fortalecer las acciones de prevención, protección y respuesta institucional frente a los riesgos advertidos en la capital caucana.