Cuestionamientos sobre la gestión de las multas, los procesos de alcoholemia, la cartera y la capacidad administrativa de la dependencia para responder oportunamente a los ciudadanos fueron escuchados durante el debate de control político que el Concejo de Popayán le hizo a la Secretaría de Tránsito del municipio liderada por la secretaria Johanna Posso.
Lo que concluyó también el Concejo es que uno de los principales llamados de atención estuvo relacionado con los procesos caducados y prescritos. Durante la sesión se reportaron obligaciones caducadas por más de 3 Mil-774 millones de pesos, con una concentración importante en la vigencia 2023, situación frente a la cual se advirtió un riesgo jurídico y fiscal alto, sujeto a la revisión individual de los expedientes y a la determinación de eventuales responsabilidades.
El presidente del Concejo Daniel Muñoz que fue quien propuso el debate, pidió establecer qué ocurrió con esas obligaciones y anunció que la información deberá ser conocida por los organismos competentes para determinar si existieron omisiones en la gestión de cobro.
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