La Defensoría del Pueblo hace un nuevo llamado para que se regrese a las clases presenciales porque el costo de mantener las instituciones educativas cerradas es incalculable en términos de aprendizaje, salud mental y desarrollo socioemocional.
Así lo explica el defensor Carlos Camargo. “El bienestar de los niños, niñas y adolescentes es un deber de las familias, la comunidad educativa, en especial los directivos docentes, así como de las gobernaciones, alcaldías y secretarías de educación y debe convertirse en una prioridad, lo que hace necesario adoptar medidas urgentes y decisivas para recuperar el aprendizaje perdido y asegurar el regreso a clases presenciales”.
Para esta entidad es prioritario que el Ministerio de Educación trabaje para recuperar las falencias causadas por la virtualidad ya que muchos estudiantes no tuvieron acceso a internet, no se pudieron adaptar o incluso, perdieron el año.