Fiscalía ha intervenido en acciones contra integrantes de las disidencias en el Cauca

Desde el anuncio del levantamiento del cese al fuego en algunos departamentos, la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, adelanta una intervención especial en el suroccidente del país, en contra de los grupos armados organizados residuales conocidos como ‘Estado Mayor Conjunto’ y ‘Segunda Marquetalia’. Durante la primera fase de estas acciones investigativas y judiciales fueron capturados y presentados ante jueces de control de garantías 68 presuntos integrantes de estas estructuras de las disidencias de las Farc. Asimismo, el CTI de la Fiscalía, la Policía y el Ejército han incautado más de 80 armas de fuego, 15.650 unidades de munición de diferentes calibres, 285 proveedores, 45 artefactos explosivos, 92 equipos de comunicaciones y $12’350.000 en efectivo. Los elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía General de la Nación indican que las personas detenidas estarían involucradas en delitos como homicidio, terrorismo, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. La iniciativa interinstitucional busca contrarrestar el incremento de los hechos violentos de las dos organizaciones ilegales desde el anuncio de suspensión del cese al fuego; así como capturar y judicializar a los principales cabecillas y articuladores en Cauca, Valle del Cauca y Nariño; bloquear los denominados corredores criminales en Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo; y afectar los componentes logísticos y el patrimonio ilegal en las áreas de injerencia. Durante las últimas tres semanas, la Fiscalía General de la Nación ha abierto las respectivas noticias criminales por 35 eventos delictivos, entre estos 8 ataques terroristas, en los que estarían involucrados el ‘Estado Mayor Conjunto’ y la ‘Segunda
Marquetalia’. Grupos especializados asumieron los actos investigativos, con el liderazgo de fiscales que conocen el fenómeno criminal en esa región, para identificar a los responsables y lograr su judicialización.