El extenso historial de masacres en el Cauca

Desde la masacre de Río Chiquito, en Páez (Cauca), perpetrada por el Ejército en 1964, hasta el asesinato de cuatro topógrafos en Corinto el pasado 1° de noviembre por parte de las disidencias de las Farc, en este departamento del suroccidente del país se han cometido 171 masacres. A esa dramática cifra llegó el Instituto de Estudios para el desarrollo y la Paz (Indepaz), luego de una investigación sobre el extenso historial de este tipo de crímenes ejecutados en una zona histórica del conflicto armado en el que paramilitares, guerrillas y Fuerza Pública (hasta miembros del extinto DAS) han dejado un trágico saldo de 1.963 víctimas como consecuencia de las masacres.

La investigación arrojó que de los 42 municipios del departamento en 32 se cometieron masacres, siendo el más afectado Santander de Quilichao entre 1986 y 2012. En cuatro de ellas habrían participado miembros del Ejército o la Policía; en el resto, las autoridades no lograron identificar a los autores. A su vez, de acuerdo con la pesquisa académica, en el resto del departamento el 53 % de los asesinatos múltiples fueron cometidos por los paramilitares (94), seguido por miembros de la Fuerza Pública (28), Farc y Eln (17), grupos no identificados (23), disidencias de las Farc (5), Quintín Lame (2), Comando Ricardo Franco (1) y grupos narcotraficantes (1).

El segundo municipio más azotado es Corinto, que recientemente ocupó los titulares de los medios de comunicación a raíz de los hechos de violencia atribuidos a las disidencias del sexto frente de las Farc. La primera de las tres masacres ocurrió el pasado 29 de octubre, cuando cinco autoridades indígenas fueron asesinadas por hombres que se rehusaron a hacer parte del Acuerdo de Paz. Dos días después, ocurrió la de cuatro topógrafos. A comienzos de septiembre de este año, en la recta final de la campaña por las elecciones regionales y a pocos kilómetros del municipio, se perpetró allí otra: las disdencias asesinaron a la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García y a otras cinco personas que la acompañaban.

Una de los crímenes más recordados por su crudeza y atipicidad en el conflicto armado colombiano fue el de Tacueyó, corregimiento de Corinto, cometido entre 1985 y 1986: 164 miembros del frente Ricardo Franco (una disidencia de las Farc) fueron asesinados. Los comandantes de este grupo, según los sobrevivientes, decidieron hacer una purga interna cuando empezaron a sospechar de que algunos de sus integrantes eran infiltrados del Ejército. Los crudos relatos señalan que las víctimas eran sometidas a torturas y luego confesaban ser supuestamente miembros del Ejército. Esa masacre dejó más víctimas que las que dejaron el Ejército (95) o las Farc (106) desdesde 1964.

El periodo en el que más homicidios colectivos se cometieron en el departamento fue entre 1997 y 2007, justo cuando el narcotráfico, guerrilla y paramilitares hicieron presencia en Cauca. En este lapso se perpetraron 84 masacres, de las cuales se atribuyen 59 a los paramilitares. Su ingreso en 1999, por órdenes de los hermanos Vicente y Carlos Castaño, desató el horror. En ese momento enviaron 50 hombres procedentes de sus escuelas de entrenamiento en Urabá, bajo el mando de alias Rafa Putumayo, para iniciar su expansión en el negocio del narcotráfico, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Así, y con apoyo del narcotráfico, surgió el Bloque Calima, que desde su propia génesis fue financiado por el capo Don Diego.

Según la investigación, la primera masacre en el Cauca que llamó la atención de la prensa ocurrió a comienzos de 1965 en Inza por parte de las Farc, la cual había nacido un año antes. Los registros judiciales señalan que Manuel Marulanda, fundador y jefe de la guerrilla, inició su vida subversiva el 2 de diciembre de 1963, cuando secuestró a un juez de Marquetalia. Sin embargo, su primera gran acción guerrillera se dio el 17 de marzo de 1965 en este municipio caucano, al que ingresaron 145 hombres armados. El asesinato de las monjas Zulien Arroyave y Blanca Ruiz, que hacen parte de las 17 personas muertas en el ataque, llevaron a la justicia a fallar la primera condena en contra de Marulanda.

Un homicidio múltiple en el que la justicia sí logró enjuiciar a sus responsables fue la de Los Uvos, en el municipio de La Vega, en abril de 1991, cometido por ocho soldados del Batallón José Hilario López, adscrito a la Tercera Brigada del Ejército. Los uniformados interceptaron una chiva en esta zona bajo sospecha de transportar miembros de la guerrilla. A 17 pasajeros, campesinos de la zona, se les despojó de sus pertenencias y fueron ejecutados extrajudicialmente. Los militares pintaron consignas alusivas a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en el lugar de los hechos con el fin de desviar la investigación de lo ocurrido. En noviembre de 1996, cuatro uniformados fueron condenados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró que la masacre de los 17 civiles no podía ser considerada como parte de las funciones legítimas de los miembros del Ejército y por ello condenó al Estado por su responsabilidad. Sin embargo, el seguimiento a la sentencia, como en los otros 13 casos que fue condenado Colombia, ha tenido pocos o ningún avance en el cumplimiento de las medidas para reparar a las víctimas y en el enjuiciamiento de los presuntos responsables.

Ocho meses después de la de Los Uvos se cometió otra de las más representativas masacres del departamento: la del Nilo. En este ataque, perpetrado por paramilitares de Fidel Castaño y miembros de la Policía, fueron acribillados 21 indígenas. Los victimarios llegaron a la hacienda El Nilo, ubicada en el corregimiento El Palo, del municipio de Caloto. La finca había sido ocupada por los indígenas porque consideraban que hacían parte de su territorio ancestral, y luego de cuatro años allí, los nuevos dueños intentaron negociar con ellos. Días antes de la masacre, la comunidad indígena denunció amenazas de muerte. Y, al final, las amenazas se hicieron realidad.

En 1995, el Estado admitió su responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y comenzó un proceso de solución amistosa. Sin embargo, cuatro años después, la Comisión concluyó que el Estado no había cumplido en la totalidad de sus obligaciones, como garantizar derechos escritos en los acuerdos o prevenir violaciones de estos. Ante la falta de cumplimiento del Estado, la solución amistosa se dio por terminada y la CIDH, emitió un informe de fondo, cuestionando la falta de imparcialidad de la justicia penal militar a la hora de enjuiciar los uniformados. En 2014 el Consejo de Estado y la Corte Suprema ordenaron reparar a las víctimas y revisar los fallos de la justicia militar.

En 2001, diez años después de la masacre del Nilo se cometieron otras dos que sacudieron al país. La primera fue en Puracé, en febrero de 2001, perpetrada por el frente 13 de las Farc. Comandados por alias Federico, guerrilleros asesinaron a nueve senderistas ecológicos. La otra, denominada como la del Naya, se trató de una megaincursión de tres días por parte de 100 paramilitares del Bloque Calima, en cabeza de alias H.H. entre Santander de Quilichao y Jamundí. En su violento trayecto asesinaron a campesinos señalados como colaboradores de la guerrilla. Aunque la comunidad aseguró que más de 100 personas fueron asesinadas, hasta la fecha se han recuperado 27 cadáveres.

Leonardo González, investigador de Indepaz, en diálogo con El Espectador señaló que la mitad de las masacres que se perpetraron obedecieron a los intereses de grupos económicos (ganaderos y empresas) en el departamento para “expulsar o frenar” las tomas de tierra por parte de las comunidades indígenas. “En estos últimos años, el narcotráfico es uno de los factores que ha generado masacres en Cauca, sin embargo, no es el único. Los grupos armados también se disputan el control de la minería ilegal”, señaló González. Y añadió que existen algunas denuncias sobre miembros de la Fuerza Pública que se lucran en este delicado escenario.

Otra de las conclusiones que arroja la investigación, en la que coincide González y las comunidades indígenas, es que el aumento de Fuerza Pública en el territorio solo ha agravado el problema. “En las regiones donde hay más presencia de militares es donde existen más problemas de violaciones a los derechos humanos: Catatumbo, Tumaco, Bajo Cauca, el propio Cauca. El Estado tiene que llegar de otras formas. Lo importante no es solo la seguridad sino las garantías de seguridad y eso pasa por ir más allá de lo militar”, concluye el investigador.