Contratación sube 143% antes de la entrada en vigencia de la Ley de garantías

Igualar las cargas con los demás candidatos electorales fue la razón principal por la que el expresidente Álvaro Uribe Vélez propuso en 2005 crear la Ley de garantías, una norma que desde entonces ha limitado la contratación pública cuatro meses antes de escoger mandatarios locales y nacionales, y que hoy está en discusión: no solo por sus efectos administrativos y públicos, sino porque previo a su entrada en vigencia la firma de contratos aumenta en hasta 143%.

La razón por la que hoy el debate de la Ley 996 del 2005, o Ley de garantías, esté sobre el tapete es porque al eliminarse el mecanismo de reelección presidencial ya todos los candidatos están en igualdad de condiciones. Así lo cree el presidente Iván Duque, quien la semana pasada pidió tramitar con urgencia la eliminación de este reglamento.

“No tiene sentido que no existiendo la reelección siga existiendo esa Ley. Pido al Ministerio del Interior que tramite esa orden. Esto requiere acompañamiento transparente en contratación por parte de alcaldes”, expresó Duque la semana pasada.

Aunque de entrada la propuesta ya ha generado voces a favor y en contra, es preciso analizar las cifras que se presentan semanas antes de entrar la norma en vigencia. Esto debido a que, según la Auditoría General de la República, los números de contratos sí se incrementan antes de las elecciones.

Una muestra de esa realidad es, por ejemplo, las cifras en contratación que se presentaron en enero de 2018. De acuerdo con la Auditoría General, en ese mes se cerraron 127.643 contratos, una suma que representó un incremento de 143,4% frente a 2017. Igualmente, “se llegó a cerca de $3,31 billones, 101,33% más que un año atrás cuando se cerró con $1,64 billones”, explicó la entidad.

Más allá de las cifras, la discusión de fondo se centra en quienes piensan que se debe eliminar porque se frena la administración pública y quienes dicen que no porque podría haber mayor corrupción.

Carlos Hernán Rodríguez, auditor general de la República, por ejemplo, apoya su eliminación al asegurar que se suprimiría el afán de firmar contratos. “La Ley de garantías genera riesgos innecesarios a los gobernantes territoriales, dado que con la premura del tiempo pueden cometer errores en las etapas de planeación contractual que afectan a la gestión pública de estas entidades”, señaló Rodríguez.

El funcionario explicó, además, que esta ley ha generado una sobrecontratación previa a la entrada en vigencia de la misma, dado el crecimiento acelerado y desmesurado tanto en el número de contratos celebrados, como en el monto total de los mismos.

“La ley no se adecua a las necesidades actuales de las entidades públicas dado que el afán de contratación hace inocuo el principio de planeación”, añadió el funcionario.

El director de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), Gilberto Toro, también apoyó esta postura. Según el dirigente, “lo que hace de fondo esta Ley es paralizar la administración pública. Impedir que se ejecuten recursos importantes que hay para resolver las necesidades es un grave error. Tenemos que trabajar para que se puedan cumplir los presupuestos y no se frenen los convenios interinstitucionales”.

Pero ¿se podría presentar corrupción si se elimina la ley? Para Toro, su vigencia no le aporta a reducir los altos índices de corrupción en los departamentos. Según el ejecutivo, la eliminación no cambia el panorama, pues “hecha la ley, hecha la trampa”.

Aunque si bien dijo que se debía reforzar los mecanismos de control en los municipios y departamentos, añadió que se debe trabajar con el Gobierno para poder alcanzar los cronogramas en la gestión.

Así como Toro, ya hay varios congresistas y funcionarios que han apoyado la iniciativa de Duque. Sin embargo, hay otros que piensan que, en términos reales, esta ley no tiene un efecto real en el número de contratos que se firman.

Uno de ellos es Juan David Botero Duque, presidente de Colombia Compra Eficiente, entidad que administra la contratación pública en Colombia, quien en diálogo con LR explicó que “lo que ha hecho la Ley es organizar un poco la contratación estatal. No es que no se contrate o se influencie, sino que lo que se hace es que se haga de una forma planeada y previa. Es decir, si tenemos Ley de garantías lo que termina pasando es que se contrata cuatro meses antes todo. Si nosotros miramos el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) todo el mundo contrató muy juiciosamente cuatro meses antes”.

Botero anunció, sin embargo, que apoya la opinión de Duque, pues cree que la postura del mandatario tiene un argumento fuerte al hablar de que ya no hay reelección presidencial. Aunque en general los directivos y funcionarios hablaron de las implicaciones y los efectos reales que tiene la Ley, el trámite de eliminarla por ahora se adelanta en el Ministerio de Interior, el cual tendrá que decidir si la quita, la modifica o la deja.

Se espera, por ahora, que el Gobierno dé la línea para iniciar el trámite, el cual tendrá que hacerse antes de julio, pues en ese mes entraría en vigor.