Plan de Desarrollo daría más facultades extras a Duque

La aprobación en primer debate del Plan Nacional de Desarrollo (PND) dejó a muchos expertos y analistas con un sinsabor de que el Congreso le dio vía libre a varios artículos sin su debida discusión, sobre todo por las nuevas facultades que se le darían al presidente Iván Duque.

Durante casi cinco horas, las comisiones económicas conjuntas deliberaron el pasado 22 de marzo, y avalaron en varios bloques los casi 310 artículos de este ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, y solo el viernes pasado se conoció el texto finalmente aprobado por los parlamentarios.

En este documento se detalla que entre la ponencia y el articulado actual desaparecieron 13 puntos, pero apareció un decena de temas nuevos, entre los que se encuentran varios que aumentan aún más las pretensiones del Gobierno de darle facultades extraordinarias al presidente Duque por los seis meses siguientes a la firma del PND.

Inicialmente, el texto proponía que estos poderes extra los pudiera usar el Jefe de Estado para reformar y eliminar entidades, y para hacerle una cirugía profunda a la forma cómo se distribuyen y ejecutan los recursos del Sistema General de Participaciones.

CIRUGÍA ESTATAL

No obstante, a falta de dos artículos, el nuevo plan le da facultades extras a Duque en siete puntos nuevos, que ahora pasarán a ser debatidos en las plenarias de Senado y Cámara.

De aprobarse el documento tal y como quedó en primer debate, el Presidente podrá, además de lo anterior, fusionar entidades del sector financiero tales como aseguradoras y fiduciarias, “con el fin de evitar duplicidades y crear una entidad del orden nacional, responsable de la gestión del servicio financiero público”, al mismo tiempo que tendría todo el derecho de simplificar y eliminar trámites innecesarios.

Además, podrá meterle mano al Presupuesto General de la Nación, tal y como se observa en el artículo 292 del PND, que detalla que el Primer Mandatario podrá “realizar las modificaciones presupuestales necesarias para apropiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para el cumplimiento de las facultades extraordinarias conferidas en la presente ley”.

Estas últimas se extenderían además, a la posibilidad de que Duque tenga seis meses para reformar diferentes contralorías delegadas (como del Sector Social, Infraestructura Física, de Defensa, entre otras), además de crear una dependencia nueva en el organismo de control, que se llamaría Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata. Además, Duque podría darle autonomía al Consejo Nacional Electoral e incluso tendrían el poder de “suprimir, fusionar o modificar consejos, comités y demás instancias de dirección o coordinación, que requieran norma con fuerza de ley”.

Estos y otros puntos hicieron parte de la deliberación de cuatro horas y media que dieron las comisiones económicas conjuntas, y que llevaron a diversos analistas a señalar que el articulado dejó de ser una hoja de ruta estratégica para convertirse en una ‘colcha de micos’.

Por lo menos así lo señaló el exministro de Hacienda, Guillermo Perry, quien dijo en su columna de El Tiempo que “la ley del plan en curso toca temas de todos los ministerios y está llena de minucias y micos (…) y por eso no es de extrañar que se otorguen nuevos privilegios tributarios, se impongan nuevos aranceles o se decreten nuevos gastos a favor de intereses particulares o de regiones específicas”.

LAS OTRAS NOVEDADES

En efecto, el texto que se aprobó en comisiones y que ahora pasará a ser estudiado para armar la ponencia de segundo debate, incluye mayores impuestos para la importación de confecciones, nuevas exenciones tributarias para los grupos empresariales que distribuyan dividendos y hasta una novedosa propuesta pensional.

Esta última tiene que ver con que aquellos hombres (de más de 52 años) y mujeres (de más de 50) que tengan al menos 750 semanas cotizadas y no hayan recibido la doble asesoría, tendrán una ‘gabela’ de cuatro meses luego de firmada la ley para trasladarse de un régimen a otro. Lo anterior, aún depende de que las plenarias de Senado y Cámara le den su bendición al PND, para lo cual tendrán un mes más, si se tiene en cuenta que el 7 de mayo vence el plazo máximo de aprobación de este proyecto de ley.

INCLUIRÁN PACTO CON INDÍGENAS

Los coordinadores y ponentes analizan cerca de 1.500 proposiciones, que si bien no quedaron avaladas, sí tienen el compromiso de ser estudiadas. Además, los encargados deberán armonizar las más de 1.000 páginas de la bases del PND, con el fin de que los acuerdos del sábado con los indígenas del suroccidente del país queden allí reflejados, compromiso ineludible para desbloquear esa zona y para que la movilidad en la vía Panamericana vuelva fluir. “De los $4.6 billones que exigían las comunidades indígenas, se concertó asignar 17,5%”, explicó el Ejecutivo. Estas inversiones irán a proyectos de vivienda nueva y mejoramientos, salud, infraestructura rural, vías, economía naranja y unidad de protección.