Paramilitares engrosaron filas con civiles para aparentar capacidad

En la desmovilización de alias Daniel junto con 207 integrantes del bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), un centenar de personas fueron presentadas como paramilitares, aunque eran jóvenes y campesinos de la zona que fueron reclutados meses antes, solo para la ceremonia de entrega de armas y con el fin de aparentar una estructura de mayor capacidad.

De hecho, los falsos paramilitares que fueron presentados en ese proceso de desarme, que tuvo lugar en el 2005, en el norte del Tolima, apenas habían recibido instrucción para marchar y portar un arma durante la ceremonia.

Pero este no fue el único caso en el que un grupo paramilitar se desmovilizó con falsos miembros. En la misma práctica incurrieron las 39 estructuras que entre 2003 y 2006 entregaron su armamento, según el ‘Análisis cuantitativo sobre el paramilitarismo en Colombia’, de la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), organismo adscrito al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

En ese período, señala el documento citando a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se desmovilizaron 30.944 paramilitares; no obstante, Salvatore Mancuso había mencionado que los efectivos no superaban los 10.000 y Carlos Castaño, los 15.000.

El estudio sobre el paramilitarismo se realizó bajo la dirección del politólogo Álvaro Villarraga, quien hasta hace unas semanas era director de la DAV, sobre una muestra de 9.021 excombatientes de los cerca de 19.000 que se espera que, finalmente, firmen los acuerdos de la verdad (a 2017 eran 17.200).

A esta contribución pueden acceder los desmovilizados que no tuvieron rangos de jefes y no aparecen ante la justicia comprometidos con graves crímenes. A cambio reciben beneficios judiciales como la suspensión condicional de la pena.

Villarraga destaca que el informe es el resultado de los testimonios y del reconocimiento de los propios perpetradores, en este caso los paramilitares. “Eso le da un valor agregado o complementario frente a otro tipo de informes hechos desde las víctimas o desde organismos de derechos humanos”.

Y, aunque unos grupos engrosaron más que otros sus filas con civiles, el estudio revela que las incorporaciones con fines de desmovilización se presentaron durante los diálogos y las desmovilizaciones colectivas. La mayoría de esas personas ingresaron de manera voluntaria y con el interés de obtener beneficios.

En ese periodo, seis de cada diez de personas que hicieron parte de la muestra de acuerdos de la verdad mencionaron haberse enrolado en alguna de esas estructuras “mientras se adelantaban las concentraciones y ceremonias de desmovilización”.

Este fenómeno se mantuvo, incluso, durante el 2006, el último año de dejación de armas. En promedio, estima el análisis, los grupos paramilitares “vincularon alrededor del 26 por ciento de sus integrantes un año antes y durante el año de la desmovilización”.

No obstante, hubo casos que superaron el promedio. Uno de los “más llamativos” es el del frente Vichada. El 75 por ciento de sus integrantes que contribuyeron a los acuerdos de la verdad declararon haber ingresado en los dos últimos años: en 2004, el 30 por ciento y en 2005, el 40 por ciento.

El mismo accionar tuvieron los bloques Vencedores de Arauca (39 %), Héroes del Llano y del Guaviare (51 %). Del bloque Tolima, el 44 % de los miembros que se acogieron a los acuerdos de la verdad fueron vinculados el año previo o en el año de desmovilización.

La DAV destaca además los casos de las estructuras Sur y Norte del Bloque Central Bolívar, dos grupos que mostraron “las vinculaciones más altas” entre 2003 y 2004. La segunda vinculó a 541 personas en 2004, que corresponden al 22 por ciento de los reclutados por esas estructuras ese año.

El análisis reseña también que en el bloque Héroes de Granada, con un 54 por ciento de vinculados en los años de desmovilizaciones colectivas, se camuflaron miembros de los combos de las comunas de Medellín, grupos que tradicionalmente se han peleado el control del microtráfico y de las extorsiones.

Antes de esta época, las mayores incorporaciones paramilitares se habían registrado a finales de los 90, puntualmente en 1997 (33 %) y 1999 (23 %), períodos que coinciden con la consolidación del proyecto de las Auc y la expansión y el recrudecimiento de la violencia en sus zonas de influencia.

El objetivo de las incorporaciones de los falsos paramilitares, según la DAV, era en esencia “aparentar una desmovilización mayor”, “disimular la ausencia de desmovilización de una parte importante de los integrantes” y para conseguir peso político y representación en la mesa de negociaciones con el Gobierno.

De hecho, el 54,7 por ciento de quienes se acogieron a los acuerdos de la verdad argumentaron que la única función que tenían era desmovilizarse. Un 23,3 por ciento reconoció que les asignaron un papel de “fachada” para la ceremonia de entrega de armas y un 22 por ciento, que, si bien su motivación fue vincularse para la desmovilización, una vez dentro de la agrupación ejercieron roles relacionados con funciones militares o logísticas.

En el caso del bloque Tolima, el análisis de la DAV señala que la desmovilización de falsos paramilitares “no fue una operación improvisada” y reseña que alias Daniel “se dio a esa tarea” en el 2005.

Diego José Martínez Goyeneche, por su verdadero nombre y quien había sido teniente del Ejército y hombre de confianza de Carlos Castaño, se acogió a Justicia y Paz, pero murió envenenado el 22 de junio de 2009 en la cárcel La Picota, en Bogotá.

“No nos pusieron a pelear sino a comer, dormir y esperar la voz del comandante”, le dijo a la Dirección uno de los civiles colados en ese bloque de las Auc.

Pero muchos de los civiles reclutados a última hora encontraron también en la desmovilización una forma de beneficiarse de programas gubernamentales en salud y educación, subsidios y hasta de la cancelación de sus deudas pendientes con la justicia.

En otros casos, como lo denunció EL TIEMPO en su momento, comandantes paramilitares aprovecharon para vender a narcos cupos dentro de sus estructuras.

De acuerdo con las personas vinculadas días o semanas antes de la desmovilización y que luego contribuyeron con los acuerdos de la verdad, los principales motivos para acceder al grupo fueron el ofrecimiento de beneficios asociados a la desmovilización y de dinero y razones particulares.

De hecho, el documento cita que “el 59 por ciento de la población entrevistada (unas 5.319 personas) en los acuerdos de la verdad argumentaron que su vinculación estuvo motivada por factores económicos. Muchos de ellos no solo pertenecían a las mismas regiones donde operaron esos grupos, sino que, además, eran de escasos recursos o sus trabajos no les eran suficientes para proveer todas sus necesidades.

Desmovilizados reconocieron 2.424 hechos de violencia

De la muestra de 9.021 personas que fueron entrevistadas por la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), en el marco de mismo mecanismo, 4.732 (52 por ciento) reconocieron que ellos o familiares suyos sufrieron graves violaciones relacionadas con actores del conflicto.

Y de quienes dijeron haber sido víctimas, el 37,17 por ciento (1.750,8) señaló que los victimarios fueron paramilitares o grupos relacionados o las Convivir. De hecho, los desmovilizados reconocieron responsabilidad de esas estructuras en 2.424 hechos de graves victimizaciones en las propias comunidades y zonas de las cuales procedían.

El análisis señala también que más de la mitad de los hechos cometidos por las autodefensas ocurrieron entre 1996 y 2002, periodo que se ha denominado el “desafío al orden guerrillero por parte de los paramilitares” y que estuvo marcado “por una mayor intensidad de la violencia contra la población civil”.

Sin embargo, el informe indica que si el periodo se extiende hasta el último año de las desmovilizaciones (2006), los casos de victimizaciones de los paramilitares alcanzan el 71 por ciento.

En esa época se registraron incursiones armadas que afectaron, principalmente, a poblaciones de Antioquia, la costa Caribe, Santander y Norte de Santander, regiones en donde hubo mayor concentración de esas estructuras y que fueron epicentro de ataques contra movimientos sociales, partidos de izquierda. En esas zonas estuvieron las Accu, el bloque Norte, el bloque Central Bolívar y grupos que operaron en el valle de Aburra.

Señala la DAV que el repertorio de violencia estuvo basado en asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, torturas y sevicia, amenazas, desplazamientos forzados masivos, bloqueos económicos y violencia sexual.

Sus principales objetivos, además de la guerrilla y de supuestos simpatizantes, fueron consumidores de alucinógenos, delincuentes, trabajadoras sexuales, población LGBTI y quienes buscaban reivindicar derechos sociales o expresaron su inconformidad con su presencia.

Muchas de las acciones las realizaron con la colaboración de autoridades locales o miembros de la Fuerza Pública. De la muestra de 9.021 personas, 4.087 (45 por ciento) manifestaron que la estructura a la que pertenecieron tuvo algún tipo de relación.

Y si bien se presentaron hechos de violencia sexual, estos poco han sido reconocidos, y los que se reportaron fueron en territorios de los bloques Resistencia Tayrona y Metro. De 15 registros, solo en uno la víctima es hombre.