Quedó radicada la ponencia para segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que se discutirá esta semana en plenarias de Cámara y Senado del Congreso. La hoja de ruta del próximo cuatrienio del Gobierno de Iván Duque, por valor de $1.096 billones, deberá estar lista antes del próximo 7 de mayo.
Los que entran
La nueva propuesta tiene más de 340 artículos entre los que se encuentran unas 50 proposiciones nuevas como la de la estampilla para el bienestar del adulto mayor, el fomento de los microcréditos, la cofinanciación de los sistemas de transporte masivo que se conecten con los aeropuertos o la protección o el bienestar de los animales domésticos y silvestres. También se grava con la tarifa de 5% a los combustibles líquidos derivados del petróleo.
Además, también aparecen otros artículos nuevos como la enajenación temprana de bienes inmuebles rurales, la conservación de bosques en la región de la Amazonía, la contribución parafiscal para la gestión catastral o la mayor potestad sancionatoria del ICA. También otro con el que se crearía una política para dejar claras las condiciones de prestación de servicio y las modalidades de protección y seguridad social de las diferentes apps y plataformas.
Asímismo, se incluyen propuestas como la del desarrollo de las vías terciarias con recursos del Ocad-Paz, la enajenación temprana, la chatarrización, demolición y destrucción o la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y salud mental en niños, niñas y adolescentes.
Los polémicos que se mantienen
Igualmente, se incluyen algunos artículos que ya entraron tras el primer debate y que han generado en las últimas semanas polémica como los que buscan sacar de la crisis a Electricaribe mediante la socialización de sus pasivos y una sobretasa de $4 por kilovatio hora de energía eléctrica. De hecho, respecto a este artículo, la Andi pidió el viernes pasado eliminarlos pues creen que podría afectar la competitividad industrial y el gasto de los hogares.
También se mantienen los dos artículos que establecen aranceles a las importaciones de textiles. Por ejemplo, sobre el que prevé establecer una tasa de 37,9% a la importación de prendas que valen menos o igual a US$20 por kilo, tanto Fenalco como Analdex dijeron que es inconstitucional por lo que están pensando en demandarlo. Además, aseguraron que afectaría a los consumidores pues el precio de venta al público de cada prenda podría incrementarse hasta en 25%, en promedio.
La nueva ponencia también mantiene una serie de facultades extraordinarias al Presidente. Por ejemplo, para modificar la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones, para fortalecer la equidad, el emprendimiento y la legalidad de la modernización de la Dian y para la autonomía presupuestal del Consejo Nacional Electoral.
“Destaca la transformación que ha tenido la solicitud de facultades extraordinarias; recordemos que los artículos que solicitaban esas facultades fueron eliminados en el texto aprobado por las comisiones conjuntas, sin embargo, se incluyeron nueve artículos donde se solicitan facultades extraordinarias para reformar y suprimir diferentes entidades”, indicó Katherine Miranda, representante a la Cámara por Bogotá.
Los que se eliminan
Del lado contrario, la ponencia indica que se eliminaron los artículos como el del monto de las multas a las personas jurídicas, el que permitía realizar traslados extraordinarios en el régimen pensional que causó tanta polémica entre diferentes gremios o el recibo de presos departamentales o municipales. Además, se explica que se aceptó que no se eliminara la propuesta de las tarifas a favor de las Cámaras de Comercio.
Regionalización aumentó en $9 billones
En la ponencia radicada para el segundo debate los recursos regionalizados aumentaron en $9 billones, pues mientras que para el primer debate se tenía regionalizado 77% del presupuesto, equivalente a $843 billones, para la segunda ponencia, se aumentó la regionalización a 78%, con lo cual quedarían en $852 billones. El documento aclaró que los recursos del Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo se mantienen en $1.096,1 billones, y que como los nuevos recursos se distribuyen en varios pactos deberá ajustarse el artículo 4 del Plan.