El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, les exigió a todos los alcaldes del país que tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los líderes sociales amenazados, evitar que vuelva a ocurrir lo que sucedió con María del Pilar Hurtado, asesinada en el municipio de Tierralta (Córdoba).
El jefe del Ministerio Público confirmó en Cali, donde intervino en la Mesa de Protección a la Vida de las Mujeres, que fue suspendido por tres meses Fabio Otero, alcalde de Tierralta, por presuntas irregularidades en el control del orden público que derivaron el homicidio de la lideresa, oriunda de Puerto Tejada (Cauca).
“El próximo 9 de julio hay una reunión de la Comisión Intersectorial de Garantías y vamos a reclamar un plan de acción integral que tenga un cronograma con responsabilidad y acciones puntuales. Necesitamos resultados tangibles para evitar esta hemorragia humanitaria con el asesinato de los líderes sociales. Seguiremos derivando responsabilidades disciplinarias a entidades”, agregó Carrillo.
El funcionario pidió más capacitaciones a la fuerza pública en equidad de género, para brindarles mayores garantías a mujeres y a comunidades afrodescendientes.
En este encuentro participó Yirley Velasco, lideresa del corregimiento El Salado en los Montes de María (Bolívar), quien ha recibo amenazas de un grupo armado por su labor comunitaria.
En su discurso reveló que va salir del territorio para preservar la integridad de su familiares debido a las amenazas contra su vida, al tiempo que las autoridades del Valle del Cauca le abrieron las puerta para que resida en la región.
“Todas las lideresas que estamos viviendo esta situación deben de tener aparte de un esquema de seguridad, necesitamos un empleo digno y una vivienda”, señaló.
El evento se realizó en Cali con funcionarios de diferentes organismos de control y judiciales, junto al programa integral de garantías para mujeres líderesas y defensoras de los Derechos Humanos.
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