El próximo miércoles 17 de julio en la sala plena de la Corte Constitucional inicia el estudio de la ponencia que presentó el magistrado Alberto Rojas Ríos sobre la posible reanudación del uso de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos.
En principio, la ponencia de Rojas iría negando totalmente la posibilidad de regresar al uso del herbicida bajo el argumento de que el Gobierno no cumplió con las órdenes emitidas en la sentencia de tutela 236 de 2017, que estudió la situación de la comunidad Novita en el departamento del Chocó.
Al parecer Rojas señala en su ponencia que el Gobierno no hizo consultas con esa comunidad sobre la situación de salud y medio ambiente tras las aspersiones aéreas; tampoco habría cumplido con el diseño de una regulación para su uso, por ende no habría una evaluación a fondo del riesgo a la salud y otros riesgos como al medio ambiente.
Pero más allá de lo que diga la ponencia, lo trascendental será la discusión que se genere al interior de la Sala, por cuenta de una posible división entre los magistrados sobre el tema.
Al parecer los magistrados Gloria Ortíz, Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal irían en la línea de reanudar las aspersiones con el herbicida, supuestamente por las cifras y la preocupación del Gobierno sobre el incremento de los cultivos ilícitos en el país.
De hecho durante la audiencia pública de mayo, el presiente Iván Duque solicitó una modulación de la sentencia que mantuvo la suspensión, “una modulación que considere estas graves afectaciones, una modulación que entienda que esta expansión de los cultivos realmente hace un daño tremendo al orden constitucional, al orden legal, al medio ambiente, a la seguridad territorial y a la protección de los derechos fundamentales”, dijo en su momento.
Pero por otro lado los magistrados José Fernando Reyes, Antonio José Lizarazo y el ponente estarían en la línea de continuar con la suspensión, muy probablemente teniendo en cuenta que ese tema fue discutido en La Habana y quedó como última herramienta para atacar los cultivos ilícitos.
“El acuerdo busca dar un tratamiento diferenciado a este problema promoviendo la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y la transformación de los territorios afectados, dando la prioridad que requiere el consumo bajo un enfoque de salud pública e intensificando la lucha contra el narcotráfico (…) Creación del Programa Nacional Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo de la mano de las comunidades afectadas por los cultivos y con las autoridades nacionales, departamentales y locales”, dicen apartes de ese capítulo cuatro de Acuerdo de Paz sobre la Solución al problema de las drogas ilícitas.
El voto de los magistrados Alejandro Linares y Diana Fajardo estaría en veremos por cuenta del impedimento que presentaron para participar en la discusión, debido al almuerzo que sostuvieron con el expresidente Juan Manuel Santos el pasado 6 de mayo, cuando se llevó a cabo la audiencia pública sobre el tema. Ese punto se resolvería en Sala Plena.
La magistrada Cristina Pardo tampoco participaría en la discusión porque también se declaró impedida en este proceso, pues fue secretaria jurídica de Palacio en el gobierno Santos.
Las discusiones al interior de la Sala Plena también podrían tocar el tema de costo – efectividad, un punto que fue debatido en la audiencia pública donde el magistrado Alejandro Linares preguntó el precio de fumigar una hectárea de coca, a lo cual el ministró de Defensa, Guillermo Botero contestó que rodeaba los dos millones.
Frente a este punto, en una respuesta a un derecho de petición que realizó la Silla Vacía al Gobierno informó que el costo real de fumigar con el herbicida era de 72 millones de pesos por hectárea, mientras que el costo en la erradicación manual podría oscilar los 23 millones de pesos por hectárea.
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