El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, indicó que en el país hay 315 municipios en riesgo por conductas relacionadas con delitos electorales.
El funcionario señaló que en la Región Caribe se identificaron 74 municipios en riesgo alto, de los cuales 15 están ubicados en Barranco de Loba, San Pablo, Cantagallo, Morales, Arjona, Turbaco, Cartagena y otrtas zonas de Bolívar.
Carrillo Flórez señaló que esa entidad ha recibido 763 quejas sobres riesgos electorales, la mayuoría por participación en política, además de constreñimiento al elector. “Esas prácticas ilegales hoy son delitos electorales que tienen pena de prisión, porque las cosas han cambiado” precisó.
El procurador reveló que de la mano del Consejo Nacional Electoral ha visitado un total de 10 campañas en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Antioquia y Magdalena, para verificar que la información que reportan en el sistema de ‘Cuentas Claras’.
En el caso de Bolívar, se refirió a dos campañas a la Gobernación. La primera corresponde al avalado por el Partido Conservador, Vicente Blel Scaff, donde indicó que “no existe manual de procedimiento, no está diligenciado el libro físico de ingresos y gastos, las personas que trabajan en la campaña no se encuentran registradas en ninguna base de datos”.
También señaló que “la sede de la campaña está en comodato y a la fecha no se ha registrado contablemente el canon frente al valor comercial, la publicidad de contrató con un tercero y no existe un documento que demuestre el control sobre la misma”.
La segunda campaña es del candidato por el Partido Cambio Radical, Hernando Padauí. Allí, el procurador general manifestó que “tampoco hay manual de procedimiento ni de organigrama, hay comprobantes de ingresos sin facturas, las personas que trabajan en la campaña no se registran en la contabilidad, no se pudieron verificar los movimientos bancarios”.
En ese sentido agregó que “la publicidad igualmente es contratada con terceros, se aducen servicios contratados pero que no se ha calculado el precio real comercial y por tanto no están en la contabilidad, y hay unas cifras de ingresos y gastos que hay que corroborar“.
El próximo 10 de octubre se realizará en Cartagena una audiencia contra la corrupción electoral y antes del 27 de octubre se desarrollarán seis actividades más de esta índole, con énfasis en el financiamiento de las campañas.
Investigación por participación en política
El procurador Fernando Carrillo informó sobre la apertura de una investigación contra el alcalde de la ciudad de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinosa, por presunta participación en política.
Manifestó que presuntamente el mandatario habría celebrado “un pacto político” con el candidato a la gobernación del departamento de Sucre, Yarir Acuña Cardales, inscrito por el movimiento político “100% por Sucre”, para el periodo 2020-2023 y que al parecer “incluía como contraprestación el apoyo de Acuña al candidato para la alcaldía por Cambio Radical, Andrés Gómez Martínez“.
“A esa investigación también fue vinculado el gerente del Instituto de Recreación y Deporte (Imder-Sincelejo), por presunto abuso de poder al facilitar el préstamo del estadio municipal Arturo Cumplido Sierra, el 24 de agosto, que es un estadio para encuentros deportivos y en uno de los cuales se habría desarrollado un acto de proselitismo político”, señaló Carrillo.
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