Las organizaciones indígenas convocaron una gran movilización nacional exigiendo al gobierno nacional garantías de vida y condenando la reciente masacre ocurrida en Tacueyó, Toribío, Cauca donde fueron asesinados cinco nativos.
Aída Quilcué, consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), asegura que a los pueblos indígenas los están exterminando y el Gobierno no hace nada para evitarlo.
“Nosotros incontables veces hemos denunciado de manera pública que nos amenazan de un lado, del otro, de los que se autodenominan Águilas Negras, disidencia, incluso el ejército y hasta el mismo Gobierno nos ha señalado de guerrilleros, entonces lo que vemos es más una estrategia de militarizar estos territorios y no una responsabilidad del Gobierno de solucionar los problemas que tenemos los pueblos indígenas del Cauca y de Colombia”, dijo la dirigente.
El presidente Iván Duque y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, han afirmado en repetidas ocasiones que es difícil combatir las problemáticas que operan en el Cauca debido a que las comunidades indígenas no permiten el ingreso de la fuerza pública a sus resguardos.
“Tenemos una situación que dificulta y agrava las circunstancias y es el límite que ponen los indígenas a la fuerza pública para entrar a los resguardos, por eso el Gobierno convoca a las autoridades indígenas a que podamos hacer esa concertación”, señaló Gutiérrez ante un medio radial.
Ante esto, Quilcué dijo que esas afirmaciones son falsas ya que no más en el norte del Cauca hay siete bases militares, y pese a eso, los grupos residuales criminales hacen de las suyas.
“La Fuerza Pública desde hace mucho rato está adentro de los territorios, pero al frente de ellos pasa el narcotráfico , al frente de ellos pasan las armas, al frente de ellos, aparecer los muertos, las amenazas y todos los que son perseguidos en este proceso social. La militarización no es la solución. Lo que solicitamos del Gobierno, son medidas más eficaces, resultados concretos de parte de la Fiscalía General de la Nación. Podemos decir que llevamos miles de panfletos, pero no vemos resultados sobre esas investigaciones”, señaló la Consejera de la Onic.
El presidente Duque en Un Consejo de Seguridad llevado a cabo en Santander de Quilichao, aseguró que con el fin de enfrentar a las estructuras armadas y frenar la expansión del narcotráfico en esta zona, enviará los próximos 40 días 2.500 efectivos de la Fuerza Pública.
Con respecto a lo anterior, la líder indígena, señaló que el incumplimiento de los Acuerdos de Paz con las Farc, es lo que ha permitido que se incrementen los cultivos de marihuana y coca en el norte del departamento.
“Esto no se va solucionar con presencia de militares, esto se va a resolver es solucionando los problemas de fondo e implementado el Acuerdo de Paz, porque cuando se firmaron, hubo un tiempo que no hubo presencia de grupos armados y no hubo conflicto, en el caso de Toribio regresó la tranquilidad, entonces por qué no se pude hacer un esfuerzo desde el gobierno colombiano de apostarle a la paz y no a la guerra”, agregó.
El consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Hermes Pete, también aseguró que la militarización no garantiza la vida de las comunidades.
“Esperar 40 días es ilógico para nosotros, eso quiere decir que no hay interés del Gobierno”, agregó.
El Senador Alexander López Maya contó que en estos momentos, más de 10 mil indígenas se encuentran reunidos en comisiones para analizar qué decisiones van a tomar y señaló que está de acuerdo con la propuesta de la Defensoría del Pueblo de implementar una “Carpa Blanca” como un mecanismo de mejorar la confianza con el Gobierno y la Fuerza Pública.
“Es importante la presencia de Fuerza Pública, pero es muy importante coordinar con las autoridades indígenas, ya que ellos finalmente ellos tienen sus propias normas de seguridad y sus propias formas de actuar en el territorio”, dijo López.
Por su parte, el senador indígena Feliciano Valencia dijo que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la ola de violencia que se registra contra las comunidades en el departamento del Cauca.
“Si hay que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues vamos a llegar para detener este genocidio, o que el Estado implemente todo lo necesario y posible para que los pueblos indígenas podamos vivir en condiciones mejores”, agregó.
Entre las víctimas del crimen, se encuentra la gobernadora y autoridad Neehwe’sx Cristina Taquinás Bautista, quien en agosto pasado había hablado en asamblea de cómo mantenerse en resistencia.
“Si hay alguno aquí presente de los grupos armados, que tal vez estén muy seguramente, le invito a que se una a la paz. No queremos más víctimas”, dijo la Gobernadora desde el Resguardo San Francisco en Toribío.
La líder era egresada de la Universidad del Valle, donde estudio trabajo social y era una de las principales defensoras de la implementación de los Acuerdos de Paz con las Farc en el territorio.
En el ataque además de la Gobernadora, fueron asesinados los guardas José Gerardo Soto, Asdruval Cayapú, Eliodoro Inscué y James Wilfredo Soto, quienes según las autoridades indígenas eran muy representativos dentro de la comunidad.
Según contó un sobreviviente, el ataque se produjo luego de que guardas indígenas lograran liberar a dos comuneros que habían sido retenidos por disidencias de las Farc. Cuando regresaban de la vereda La Luz, el grupo armado los alcanzó y los atacó con armas de fuego y granadas.
El crimen, se le ha atribuido a las estructuras de la ‘Jaime Martínez’ y la ‘Dagoberto Ramos’.
En las últimas horas, el Fiscal general de la Nación, Fabio Espitia, reveló los nombres de quiénes serían los responsables de la masacre.
Se trata de alias Edilio, alias La Chinga, alias Arley, alias Colada, alias Canoso y alias Camilo, quienes según las autoridades están detrás de estos hechos en lo que también resultaron heridas otras cinco personas.
Según la Onic, durante este gobierno han sido asesinados 128 indígenas.
“El Gobierno Nacional de Iván Duque es responsable de la masacre y el genocidio al que estamos sometidos en Colombia”, señaló Luis Kankui, consejero Mayor de la Organización.
La Organización indígena, señala que en este Gobierno se han triplicado las muertes y las violaciones a los derechos humanos en el país.
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