La W Radio reveló el documento de la primera auditoría adelantada por el liquidado de la EPS SaludVida, que desde el pasado mes de octubre entró en proceso de disolución por decisión de la Superintendencia de Salud.
Entre los hallazgos se destaca el uso de recursos del sector salud para pagar salarios de conductores y escoltas que no trabajaban para la EPS, el pago de vehículos y gastos de rodamiento para personas ajenas a la entidad, la venta del inmueble principal de la EPS por un valor altamente inferior al comercial y hasta un contrato con la firma De la Espriella Lawyers Enterprise por tres mil millones de pesos.
Sin embargo, el hecho más delicado que se ha identificado por el liquidador fue la sustracción de varias cajas de la sede principal de la EPS, realizada entre las 4 y las 6 de la mañana del 3 de octubre de 2019 (horas después de que se decretara la liquidación de la entidad por parte de la Superintendencia de Salud). Según los registros de las cámaras de vigilancia del lugar, hasta el mismo presidente de la EPS habría participado de la sacada de las cajas en medio de la madrugada.
Respecto a irregularidades en el manejo de los recursos de la salud, dentro de los hallazgos hechos por el liquidador se descubrieron pagarés no cobrados por un valor de $22.500 millones que corresponde a la venta de varios inmuebles que estaban a nombre de la EPS. Estos pagarés no cobrados darían cuenta de una estrategia de sustracción de activos de la EPS, es decir, sustracción de recursos de la salud.
El proceso de liquidación y de traslado de los pacientes de la EPS SaludVida se encuentra en suspenso tras un fallo del Juzgado Primero Civil de Valledupar que ordenó a la Superintendencia de Salud dejar sin efectos la resolución que determinó el inicio del proceso de liquidación de la entidad promotora de salud, argumentando la protección del derecho a la salud de los tutelantes.
Sin embargo, llama la atención que hoy ya cursan nuevas acciones de tutela con el mismo objetivo y en el mismo juzgado.