en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se aprobó en primer debate el Proyecto de Ley que busca modificar el artículo 380 del Código Penal Colombiano y que plantea endurecer las penas para quienes induzcan a los deportistas a no respetar las normas antidopaje o les suministren sustancias prohibidas.
El proyecto es fruto de un trabajo interinstitucional entre los ministerios de Justicia y del Derecho, liderado por Margarita Cabello Blanco, y del Deporte, cuya cabeza es Ernesto Lucena. La aprobación fue unánime: 29 votos a favor y cero en contra. Con esta sesión empieza a tomar cuerpo la iniciativa que impactará positivamente el deporte colombiano.
“Era necesario actualizarnos en la materia. Como el artículo 380 es una norma penal, los jueces serán los encargados de aplicar las sanciones correspondientes, independientemente de las reglas disciplinarias que plantean las autoridades deportivas. Es una cuestión de transparencia. Cuando se apruebe este proyecto de ley se sancionará cualquier utilización de drogas prohibidas, de acuerdo con las convenciones internacionales de la Agencia Mundial Antidopaje”, afirmó la Ministra Cabello Blanco.
La Viceministra del Deporte, Carolina Breton Franco, manifestó que si el proyecto se convierte en ley de la República, Colombia estaría a la vanguardia respecto a los estándares internacionales relacionados con normatividad contra el dopaje. Y que, además, se fortalecería todo el sistema con el fin de que el deporte colombiano sea más limpio, justo y transparente.
Cabe recordar que hoy el artículo 380 del Código Penal establece prisión de 16 a 54 meses. Pero con el nuevo proyecto la pena pasaría a ser de entre 24 y 72 meses, e incluiría una multa de entre 66 y 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quien “formule, suministre o aplique a un deportista profesional o aficionado alguna sustancia o método prohibido en el deporte, o lo induzca al consumo”.
Además, se incluyen tres causales de agravación del delito, incrementando la pena hasta en la mitad, cuando esté involucrado un menor de edad, se realice mediante engaño o coacción o aprovechando una posición de autoridad sobre la víctima.
El proyecto sigue con su trámite legislativo y ahora pasa a la plenaria de la Cámara de Representantes para su segundo debate.
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