El Gobierno Nacional priorizó varias zonas del país que representan el mayor problema de violencia y narcotráfico. Se conoció en primicia el decreto reglamentario que le permitirá al Gobierno la creación de estos espacios, al igual que destinar recursos para acelerar la implementación de los acuerdos de paz en estos territorios considerados como las más afectadas por el conflicto, donde se buscará lograr su estabilización y el desarrollo para su población.
Se trata del decreto 2278, un documento de 11 páginas y 4 capítulos que reglamenta las nuevas ‘Zonas Futuro’, que fue firmado este 16 de diciembre por el presidente, Iván Duque; la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el director del Dapre, Diego Molano y de la directora de Prosperidad Social, Susana Correa.
Esto dentro de la estrategia Ruta Futuro, la política integral del Gobierno para enfrentar el problema de las drogas ilícitas en el país.
La norma le da facultades al Consejo de Seguridad Nacional para declarar, según pudo establecer Caracol Radio, 5 Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII)), Pacífico Nariñense, Zona Bajo Cauca Antioqueño y Sur de Córdoba, Catatumbo, Arauca y Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales Aledaños, que representan el 2,4% del territorio nacional.
Estas zonas se establecieron, según la norma, teniendo en cuenta interés nacional, altos índices de criminalidad, necesidades de medidas de protección especiales para la población, necesidades básicas de la misma insatisfechas, amenazas al medioambiente, entre otras.
El documento reglamenta las zonas, al igual que establece como desarrollar los nuevos “planes especiales de fortalecimiento del Estado social de derecho y de medidas reforzadas de protección a la población”.
Planes Especiales de Intervención Integral
Estos nuevos planes buscan “la prioritaria prestación de servicios sociales y bienes públicos a las comunidades contenidos en los PDET, al tiempo que también avanzan de manera decisiva en proveer medidas reforzadas de protección a la población, en fortalecer el Estado social de derecho, transformar productivamente los territorios y en proteger el agua, la biodiversidad y el medio ambiente”.
Incluirán un plan de aceleración de PDET “para hacer efectiva la prioridad de la prestación de servicios sociales”,
Además un “plan de medidas reforzadas protección a población, en marco la competencia constitucional de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”.
Establece también un Plan de fortalecimiento del Estado social, “conforme a las normas constitucionales regulan el orden público y la administración de justicia”.
Tendrá además unos planes de respuesta inmediata, financiación de los servicios sociales y planes de intervención integral, entre otros.
La justificación de la norma asegura que se hace necesaria la implementación de este decreto para, “acelerar la ejecución de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, con el fin de avanzar rápidamente en la estabilización de las regiones que han sido más afectadas”.
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