En una jornada de inspección realizada por la Personería de Popayán a las carceletas municipales y de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, se verificó la vulneración de los derechos a las personas privadas de la libertad relacionada con el aumento en los índices de hacinamiento, situación que obligó a esta Agencia del Ministerio Público a hacer una intervención urgente para agilizar la realización de pruebas de detección del COVID19 a detenidos que presentaban síntomas relacionados con este virus.
La acción preventiva de inmediato aislamiento se enmarca dentro de los parámetros que deben adoptar las entidades a fin de reducir el riesgo de contagio por el COVID 19. Por tanto, desde la Personería Delegada en Asuntos Penales y Carcelarios se hizo un acompañamiento articulado con la Secretaría de Salud Municipal, las EPS y la Policía Nacional para la toma de muestras. De resaltar, la presencia de personal médico de Asmet Salud EPS, quienes bajo los protocolos de bioseguridad, acudieron al llamado. Así mismo, la valoración efectuada por el Hospital Universitario San José a 20 sisbenizados recluidos en la carceleta de la URI, la Estación de Policía del Sur del Barrio Bolívar y la del Norte ubicada en el barrio Bello Horizonte.
La abogada Ana María Estrada, encargada de esta área de la Personería reconoció la existencia de cinco casos sospechosos que requieren un aislamiento urgente y aunque desde la Administración Municipal con el CTI de la Fiscalía se pretende habilitar una carceleta para descongestionar estos establecimientos de detención, ha sido imposible por la falta de condiciones adecuadas en infraestructura capaces de brindar seguridad y prestación de vigilancia por parte de la Policía Nacional o una empresa privada.
La Personería Municipal analiza las vías jurídicas constitucionales en coordinación con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Regional para continuar trabajando por la población privada de la libertad y garantizando la no vulneración de sus derechos.
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