Unas 70 familias indígenas del noroeste del país se vieron obligadas a desplazarse por la “presencia y presión” de grupos armados al margen de la ley, denunció este lunes la Organización Indígena de Antioquia (OAI). Los afectados pertenecen al pueblo embera-eyábida que viven en el municipio de Urrao, en el departamento de Antioquia, quienes “se han visto en la obligación de abandonar su comunidad, desde el pasado viernes de 24 abril para salvaguardar la vida”, según un comunicado de la OIA.
Igualmente, alertó que la presencia de grupos armados en la zona “no sólo pone en alto riesgo a las familias desplazadas, sino a otras 1.000 familias de los resguardos del Valle de Pérdidas y Andabú”. La información detalló que las familias desplazadas se refugiaron temporalmente en la escuela de la comunidad Llano Jacinto “donde permanecen desabastecidas, confinadas y hacinadas”.
Recuerdan que la situación ocurre justo cuando el mundo enfrenta la pandemia del coronavirus que “exige mínimos de distancia entre personas y de salubridad, hecho que hoy pone en doble riesgo a quienes hoy por cuenta de la guerra tienen que someterse a un confinamiento obligatorio”.
Debido a esta situación los indígenas hicieron un llamado “urgente a las instituciones humanitarias de todo nivel, para que se haga un acompañamiento civil y humanitario” para evitar un desplazamiento masivo al casco urbano de Urrao.
Además, aseguran que la presencia de grupos armados en los últimos dos meses ha venido aumentando en distintos territorios indígenas del departamento, sometiendo a comunidades enteras al confinamiento, especialmente en los municipios de Frontino, Murindó y Vigía del Fuerte.
En esos municipios, dicen los indígenas, muchas familias no tienen alimentos por las limitaciones de movilidad y que además temen ser víctimas de artefactos explosivos instalados en los campos que se han cobrado la vida de dos niños este año.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) dijo el pasado sábado que en el primer trimestre del año más de 10.000 personas fueron desplazadas por el conflicto armado colombiano y unas 7.300 están confinadas.
Una de las situaciones más complicadas se vivió en el municipio del Alto Baudó, en el departamento del Chocó, donde 2.055 personas tuvieron que abandonar sus casas el mes pasado por enfrentamientos entre grupos armados.
Por otra parte, la OCHA señaló que la cuarentena por la crisis del COVID-19, que comenzó el pasado 25 de marzo y se prolongará por lo menos hasta el 11 de mayo, “es un factor adicional que configura una múltiple afectación para poblaciones vulnerables ya afectadas”.
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