Luego de que se conociera un nuevo escándalo por parte de las Fuerzas Militares sobre presuntos seguimientos a más de 130 periodistas, políticos y sindicalistas entre otros, que se suman al retiro de 11 oficiales de esa institución en las últimas horas, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que dichas actuaciones son propias de una dictadura.
Vivanco advirtió que “este tipo de espionaje es algo habitual en una dictadura de un sistema totalitario y eso es normal en ese contexto, pero no puede ser normal en una democracia como la colombiana”, afirmó.
En ese sentido, el diplomático aseguró que dichas denuncias son de “una enorme gravedad porque parece ser que estas interceptaciones telefónicas por parte de agentes del Estado y de agentes de inteligencia, asociados al Ejército, se está transformando en una práctica habitual en Colombia, y eso es de la mayor gravedad porque es algo irregular; son delitos y un atentado contra la democracia y el estado de derecho”.
Enfatizó en que “no es posible que funcionarios que están entrenados y reciben un salario para hacer tareas de inteligencia vinculadas a la seguridad nacional, cómo combatir grupos ilegales y narcotraficantes, dediquen recursos para perfilar y dirigir la inteligencia a periodistas, abogados de DDHH como en mi caso, además de políticos locales, autoridades y figuras que no pueden ser objeto de este tipo de investigaciones”.
Según el director de HRW, “todo esto es muy serio y espero que las autoridades nacionales y la Fiscalía impulsen una investigación seria que permita llegar hasta el fondo de quiénes fueron los que instigaron y promovieron este tipo de inteligencia y conocer para qué servía la información y quiénes la utilizaban, y recibían estos informes”.
En ese sentido, Vivanco especificó que el Ejército es una institución profesional, jerarquizada y tiene autoridades superiores y “dudo mucho que este tipo de actividades ilegales se hayan ejecutado sin conocimiento de las autoridades superiores. De allí la importancia de que la investigación llegue hasta los altos mandos para saber quiénes impulsaron y promovieron este tipo de abusos”.
De igual forma, descartó que las autoridades políticas no estén al tanto de este tipo de operaciones; “eso lo determinará la justicia, sin embargo, la explicación de las autoridades militares no me parece creíble, ya que dificulta que se llegue al fondo”.
Finalmente, advirtió que este caso podría dejar consecuencias en las relaciones con los EE.UU. porque “hay ciudadanos norteamericanos objeto de seguimientos por parte de funcionarios públicos colombianos, como yo, y también porque aparentemente se han usado instrumentos de programas de interceptación proveídos por EE.UU. para tareas como combatir el narcotráfico pero no para espionaje político, y ese abuso creo que generará serias preocupaciones”.
Incluso recordó que en Washington ya se han anunciado investigaciones a ver en qué medida se usaron mal esos recursos dados a Colombia.
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