Las autoridades investigan las denuncias sobre presuntas irregularidades en contratos para la adquisición de elementos para atender la emergencia sanitaria por el COVID19 en el Hospital Universitario San José de Popayán.
En las últimas horas, se dieron a conocer los documentos en los que se da a conocer que presuntamente, el 31 de marzo, último día laboral de la exgerente Derlin Delgado, se firmó un contrato por un valor superior a los 800 millones de pesos.
Lo anterior, con el fin de comprar camas de cuidados intensivos y de hospitalización para atender pacientes con la enfermedad.
La Contraloría investiga presuntos sobrecostos de hasta el 116% en cada cama adquirida, pues cada elemento se obtuvo por un valor de 20.777.400 pesos, pero en el mercado cuesta 9.500.000 lo que dejaría en evidencia un sobrecosto de 11 millones de pesos.
Por otra parte, se investigan las denuncias que advierten que 31 camas para hospitalización fueron compradas en esa misma administración por un valor de 6.300.000 pesos, a pesar que en el mercado tienen un valor de 4.400.000 pesos, lo que indicaría un sobrecosto de cerca de 2 millones de pesos en cada elemento.
Las denuncias indican que los sobrecostos superan los 181 millones de pesos.
Ante esto, la exgerente Derlin Delgado se pronunció y aseguró que no le han comunicado informes de auditoría de la Contraloría, que permitan sostener que existe un presunto sobrecosto y/o detrimento al patrimonio público.
“Conclusión a la que solo se puede llegar, después de analizar las especificaciones técnicas de las camas de cuidado intensivo y el estudio de mercado realizado por la entidad, el cual, debe partir de la situación de mercado generada por la emergencia decretada por el Ministerio de Salud, con ocasión de la pandemia COVID19”.
Asimismo, admitió que el contrato se celebró el día 31 de marzo de 2020 (último día de ejercicio del cargo), por lo que la ejecución del mismo, entrega de los muebles, recibo a satisfacción y eventual pago se deberá realizar por la nueva administración.
“Desconozco lo ocurrido en la ejecución del contrato, pues mi función como gerente terminó el día 31 de marzo, subrayó.
Finalmente, afirmó que estará dispuesta a dar las explicaciones necesarias a los órganos de control.
El actual gerente César Sarria señaló que desde el pasado mes de abril la Contraloría y la Personería han solicitado información sobre el primer contrato, por lo que esperan los resultados de las investigaciones que corresponden a contratos realizados en la administración anterior.
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