Cárcel para el gobernador Aníbal Gaviria por contrato de Troncal de la Paz

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El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, tendrá que responder por la firma de un contrato en el 2005 que sumado a sus dos otrosís vale 69.990 millones de pesos. La Fiscalía acaba de dictarle medida de aseguramiento privativa de la libertad por peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, delitos que por tener relación con corrupción dejan en interinidad la gobernación. Por esta razón, la Fiscalía informó a Presidencia lo pertinente para la suspensión del cargo.

El contrato en cuestión tenía por objeto las mejoramiento de la vía Troncal de la Paz y se firmó con el Consorcio Troncal de la Paz, del cual es accionista mayoritario el Grupo Solarte. Cabe recordar que el ingeniero Carlos Solarte y su hija Paola Solarte están enredados judicialmente por las irregularidades en la firma del contrato para la construcción del interceptor de Tunjuelo-Canoas, obra para la cual se aliaron con Odebrecht. Paola fue sentenciada a seis años de prisión y su padre está en juicio.

Para el megacontrato en Antioquia, la Fiscalía cuestiona las dos adiciones que tuvo el contrato principal de 41.000 millones de pesos. Ambas adiciones suman 29.000 millones de pesos y fueron realizadas durante la administración de Gaviria. Se le cuestiona la relación de estas adiciones con el objeto principal del contrato. Puntulamente, la atención se centra en el otrosí firmado el 27 de diciembre de 2007, por $16.334 millones, para la construcción de un puente sobre el río Nechí. Este tendría como función conectar el municipio de El Bagre con la Troncal de la Paz.

El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.
Además, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos.
La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública. Una, representó cerca de 4 mil millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otro sí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).
Este último asunto, que comprometió más de 16 mil millones de pesos, debía ser objeto de un
nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original.

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