De acuerdo con el último reporte oficial del partido Farc, al que tuvo acceso Caracol Radio, 216 excombatientes han sido asesinados: dos en 2016, 34 en el 2017, al año siguiente se reportaron 66, para 2019 fueron 81 y en lo que va de este año, se registran 33 asesinatos.
Justamente, de los 216 asesinatos, 112 se reportaron en los últimos 18 meses (febrero 2019 – julio 2020). De las 48 tentativas de homicidios en total, 33 fueron en este periodo, al igual que 6 de las 8 desapariciones, que registra el partido en la actualidad.
“Esto es un exterminio sistemático. Es la cuota de sangre que estamos hoy pagando, por construir a una nueva sociedad en paz. Desafortunadamente, contamos con un Gobierno que no tiene entre sus radares la implementación del acuerdo, sino que busca una paz mediática, que a los territorios no les deja nada; solo el aumento de violencia y asesinatos“, manifestó la senadora Sandra Ramírez.
De hecho, los territorios en donde se han efectuado más asesinatos son los departamentos del Cauca (37), Nariño (26) y Antioquia (24). Una estadística que según la senadora, se debe a la “lucha histórica de los campesinos por sus tierras, el flagelo de las mafias del narcotráfico, la presencia de grupos armados ilegales y la alta militarización, que antes que dar seguridad, aumenta los riesgos y amenazas“.
En el consolidado del partido, registraron también 11 ataques por parte de la Fuerza Pública, en departamentos como Cauca, Antioquia, Chocó y Arauca. Una arista que, sumada a toda la coyuntura, para el ahora partido político es deber del Gobierno Nacional contrarrestar.
“El presidente Iván Duque tiene el deber de velar por todos los ciudadanos del país. Lo que ocurra o no en un país es responsabilidad del Gobierno. Tienen que velar por lo que pasa en los territorios con el narcotráfico. ¿Por qué no se implementa el acuerdo? El problema es que el Gobierno Nacional no se apersona de lo que está ocurriendo“, añadió Ramírez.
Es por ello que, en el parámetro internacional, han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado, para solicitar medidas cautelares; de igual forma, han entregado reportes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ante los países garantes, “para que se den cuenta de lo que sucede en Colombia, particularmente con los excombatientes de las Farc“.
Sin embargo, para el partido en voz de la senadora, “esto no es un problema de las Farc. Se trata de la crisis que tenemos como sociedad. ¿Cómo superamos haber estado inmersos en un conflicto social y armado? ¿Cuál es el cambio que queremos ahora, ya que tenemos la tan importante herramienta del acuerdo de paz? La guerra en un negocio muy lucrativo para la clase corrupta y gobernante; pero volver a la guerra, retroceder a Colombia, no es una opción“.
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