La Corte Constitucional estableció que el Estado colombiano debe velar por la protección de la dignidad de las mujeres habitantes de calle y exigió el suministro de toallas higiénicas a estas personas que están en condición de vulnerabilidad.
En el fallo, el alto tribunal dio un plazo perentorio a la administración de Bogotá para implementar un plan que garantice el suministro de estos elementos a esas personas.
“Ordenar a la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, D. C., que, en un plazo no superior a los dos (2) meses siguientes a la comunicación de la presente providencia, implemente un plan de contingencia, que comprenda acciones concretas para suministrar los insumos absorbentes idóneos para la higiene menstrual a favor de las integrantes de la población de mujeres en habitanza de calle, mediante un sistema de registro adecuado sobre la elección de los elementos necesarios para la mencionada higiene menstrual y el control individualizado de entregas, teniendo en cuenta lo señalado en la presente providencia”, indica la providencia.
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