La sala especial de instrucción de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no encontró méritos para investigar al senador caucano, Temístocles Ortega Narváez por el sonado escándalo del Instituto Departamental de Deportes, Indeportes, cuando ejerció el cargo de gobernador del Cauca.
Los magistrados resolvieron inhibirse de abrir investigación formal por los delitos de tráfico de influencias de servidor público, peculado por apropiación a favor de terceros y por intervención en política.
Se conoce al mismo tiempo que los responsables de la denuncia Ana Bolena García y Carlos Pito Polanco, carecen de credibilidad en relación con las sindicaciones efectuadas contra Ortega Narváez.
También señala que “más importante aún, los medios probatorios acoplados de manera legal, regular y oportuna, tanto por el ente acusasor, al igual que por la sala especial de instrucción, como se denotó con anterioridad de manera profusa, no permitían conceder a García Ricardo, la gracia pretendida (principio de oportunidad penal), al contradecir de manera ostensible sus señalamientos, en lo que interesa este asunto, contra el investigado”.
El proceso se dio al parecer por un detrimento patrimonial de recursos de Indeportes Cauca por más de 458 millones de pesos luego de un convenio que se suscribió con la fundación Redes.
El senador del partido político cambio radical, Temístocles Ortega Narváez, recibió con tranquilidad la decisión de la sala especial de instrucción de la sala de casación penal de la Corte Suprema de justicia de no abrir investigación en su contra luego del escándalo por supuestas irregularidades que se cometieron al interior del instituto Departamental de Deportes, Indeportes Cauca en el período constitucional como gobernador 2012-2015.
Los magistrados de la Corte Suprema de justicia lograron evidenciar y establecer que todo lo denunciado fue un entramado mentiroso en el que intentaron involucrar, además, a la fiscalía general de la nación y a otras personas. Descartaron, según la Corte “cualquier tipo de responsabilidad penal del entonces gobernador en las conductas punibles atribuidas”.
En su momento se denunció que recursos del Instituto departamental de Deportes habrían sido utilizados para una campaña política.
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