Tutela interpuesta por la Personería de Popayán falla a favor de los detenidos en el Centro Transitorio Laura Valencia

El Juzgado Tercero Administrativo de Popayán falló a favor la tutela interpuesta por la Personería Municipal, de amparar los derechos fundamentales a la vida, la dignidad, la integridad personal, a la salud y a la igualdad de los cerca de 140 detenidos que se encuentran en el centro transitorio Laura Valencia de la ciudad de Popayán.  

Según la decisión del Juez, el Municipio de Popayán y EPAMSCAS Popayán, con la colaboración de la Policía Metropolitana, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, deben verificar la situación jurídica de cada uno de los accionantes, luego dentro del término de quince (15) días hábiles y con intervención de sus representantes legales, en el marco de sus competencias, se proceda a trasladar al EPAMSCAS Popayán, a los detenidos que se encuentren en calidad de condenados o imputados con medida de aseguramiento intramural.  

Dicho traslado debe realizarse cumpliendo con los protocolos de bioseguridad legalmente establecidos, y garantizando durante el tiempo que permanezcan en el centro transitorio sus derechos fundamentales, proporcionándoles condiciones mínimas de subsistencia digna y humana y los implementos necesarios para evitar un contagio por Covid-19.  

Igualmente, el juez ordenó a la USPEC, al INPEC y al Municipio de Popayán, a través de sus representantes legales, de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del presente fallo, identifiquen otras instalaciones físicas como Centro Transitorio de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, y procedan a reubicar el actual, o acondicionen el Centro de Reclusión Transitorio Laura Valencia, de tal forma que el inmueble que definan las autoridades cumpla con las condiciones mínimas para una subsistencia digna y humana como reclusión transitoria.  

El Personero Municipal, Jaime Andrés Bonilla Vallecilla explicó que, “esta acción constitucional busca amparar los derechos fundamentales de la Población que se encuentra Privada de la Libertad en este Centro Transitorio, pues desde el inicio de mi gestión, una de sus prioridades es velar por las garantías legales y constitucionales de las personas privadas de la libertad, donde mediante un equipo de trabajo asignado para esta materia, se han podido observar varias irregularidades que en consecuencia transgreden los derechos fundamentales que le asisten a la población reclusa. Por tanto, nuestro deber es velar por un goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse”.