Empresa de Popayán vinculada en un extraño contrato con la Registraduría Nacional

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El registrador nacional, Alexander Vega, es un hombre joven, pero de grandes ambiciones. De ahí que sus jugadas en lo político y lo administrativo llamen la atención de propios y ajenos. Es el caso de un contrato interadministrativo entre la Registraduría y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (Emtel), para que esta última preste servicios en la implementación de una sala de analítica de datos y seguridad informática. El contrato se pactó por 18.715 millones de pesos y el tiempo de ejecución es de 55 días, es decir que cada día la empresa patoja se echa al bolsillo más de 340 millones de pesos, o para verlo de forma más dramática, cada hora los colombianos le pagamos a Emtel más de 14 millones de pesos. 

Es una cantidad de dinero exorbitante que al ser pasada por el ropaje de los convenios interadministrativos, dificulta su control y trazabilidad. Esta figura permite que el contrato se entregue a dedo y que a los órganos de control les sea más dispendioso revisarlos, porque suelen ser miles y por montos millonarios. CAMBIO consultó a tres exregistradores para saber si este tipo de operaciones eran normales en esta entidad, a lo que los tres contestaron que no. Ninguno cree que sea normal que se contrate a una empresa local por ese valor en tiempos no electorales. 

El objeto del contrato aumenta las alarmas pues se trata de la “prestación de servicios para implementación y puesta en funcionamiento de la sala de analítica de datos y áreas conexas encaminadas a la seguridad de la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil”. Una actividad altamente especializada por la que Emtel no es reconocida en el mercado. “Sin conocer los detalles del contrato, no huele bien que se contrate por tanto dinero a una empresa sin mayor prestigio en ese ámbito del big data”, expresó un exfuncionario de la Registraduría que se desempeña en el mercado de análisis de datos y ciberseguridad. 

Emtel es una empresa de servicios públicos mixta. El municipio de Popayán tiene el control del 99,984 por ciento de las acciones de la empresa, mientras el fondo de empleados y la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán tienen, respectivamente, el 0,005 por ciento. Es decir, es controlada enteramente por el alcalde Juan Carlos López Castrillón. Un abogado de la Universidad del Cauca que con trayectoria liberal terminó respaldado por la Alianza Verde y el partido Colombia Renacientes. López es más un político tradicional que uno alternativo. Fue tesorero y presidente de Millonarios y salió del club tras ser corresponsable de una de las peores crisis del equipo. Incluso, fue representante de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) que, tras un proceso de extinción de dominios, fue la mayor accionista del club bogotano.

López Castrillón designó como representante legal y gerente de Emtel a Jorge Hernán Gómez Timaná, un ingeniero eléctrico nacido en Putumayo, quien días antes de firmar el contrato con la Registraduría fue capturado por un posible caso de corrupción en otro convenio interadministrativo, esta vez firmado entre la empresa de Popayán y la Alcaldía de Buenaventura. La Fiscalía lo acusa por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. En su reemplazo fue designada Yenny Carolina Ortega Ríos, quien venía fungiendo como subgerente de la empresa y es considerada de la misma cuerda de Gómez Timaná. Fue ella quien firmó, el 12 de octubre de este año, el contrato interadministrativo.

Del lado de la Registraduría firmó Sabrina Cajiao Cabrera, quien figura como directora administrativa y financiera de la entidad. Sabrina fue secretaria de Hábitat de Bogotá, durante la administración de Enrique Peñalosa. Es hermana de Alfonso Cajiao Cabrera, un magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que llegó a este cargo con el apoyo del Centro Democrático, el Partido de la U y el conservatismo. En el millonario contrato interadministrativo también dejó rastro Dily Marina Maestre Zabala, una persona de la entraña del registrador Vega y quien firma como supervisora del contrato.

Dily Marina Maestre es una abogada bogotana con una larga experiencia como contratista en alcaldías como las de Valledupar, Chiriguana; Pailitas, las Gobernación del Guaviare y La Guajira, y el Instituto de Bienestar Familiar. El punto de unión con el registrador Vega es la Alcaldía de Chía, donde en 2012 Maestre fue jefe de la Oficina de Planeación y su hermano, Campo Elias, era secretario de Salud. De esos días data el escándalo de Fidupetrol, que involucra un lote en el que la fiduciaria construyó el Conjunto Residencial Portana. En ese mismo conjunto Alexander Vega resultó dueño de un apartamento y un parqueadero.  

Según una investigación de Cuestión Pública en la construcción del conjunto participaron, desde distintos puntos, los hermanos Campo Elías y Alexander Vega Rocha y la abogada Dily Marina Maestre. Para ese entonces el hoy registrador trabajaba en la oficina de Rodrigo Escobar Gil, abogado de Fidupetrol condenado por tráfico de influencias en el mismo caso que sentenció en primera instancia al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, quien de acuerdo con el fallo recibió sobornos para conceder una tutela a favor de Fidupetrol. La vida profesional de Maestre y los hermanos Rocha se entrecruza en períodos y entidades y hoy la joven abogada es la directora administrativa de la Registraduría y la supervisora del millonario contrato con Emtel.

En este entramado de política y procesos judiciales navegan los casi 19.000 millones del erario que el registrador Vega decidió entregarle a dedo a una empresa de servicios públicos que no está en el radar de las autoridades, pero que contrata millonariamente con entidades nacionales, departamentales y locales. Actualmente tiene en ejecución más de 20 contratos que se encuentran en el Sigep y sus estados financieros registran un patrimonio de más de 200.000 millones de pesos. Falta ver los detalles del contrato interadministrativo, con la particularidad de que cada hora que pasa el Estado le entrega al municipio 14 millones de pesos. No hay tiempo que perder. 

INFORMACIÓN TOMADA DE CAMBIOCOLOMBIA

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