Diversas reacciones en el norte del Cauca luego que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a diez antiguos miembros de dos frentes de las extintas FARC por 14 crímenes de guerra y lesa humanidad, que incluyen homicidios, desplazamiento y reclutamiento de menores, cometidos en el suroeste de Colombia.
Se trata de las primeras imputaciones de este órgano de justicia transicional en el Caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, y que atañen a diez miembros – entre ellos una mujer – que integraron las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, del antiguo Bloque Occidental de las FARC.
Es también la primera vez que se imputa a ex-miembros de las FARC el reclutamiento forzoso de menores, un delito que constituye por sí mismo un caso aparte, pero que ha sido considerado en este caso, el tercero por el que la JEP emite imputaciones, y el segundo que lo hace contra exintegrantes de la antigua guerrilla.
Se conoce que los magistrados de la JEP aseguraron que estos grupos de las FARC cometieron crímenes de guerra, como tomas guerrilleras “llevadas a cabo sin el debido respeto a los principios de distinción y proporcionalidad” establecidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), para imponer su control de este territorio del suroeste del país.
La JEP identificó en el actuar de las FARC varios patrones criminales, como el hecho de que la expansión de la guerrilla desde las montañas a partir de 1993 “afectó profundamente a la población civil, a los territorios ancestrales y colectivos y a la naturaleza”.
“El control social y territorial comenzó con la ocupación armada de los territorios de los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos transgrediendo las autoridades étnicas y luego continuó con numerosas estrategias para lograr el control social y territorial de la población”, consideraron los magistrados.
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