La crisis humanitaria que hoy enfrenta la comunidad indígena del municipio de Caldono fue expuesta ante el alto gobierno en la ciudad de Bogotá luego de las intensas confrontaciones entre disidencias de las FARC, estructura Dagoberto Ramos y el ELN con su frente Manuel Vásquez Castaño y el asesinato del concejal y autoridad ancestral, Wilson Bomba Piamba.
A esos hechos se sumó el reclutamiento de varios menores de edad y que uno de los guardias indígenas resultó herido.
Los parlamentarios indígenas Aída Quilcué y Hermes Pete expusieron esa problemática de constante violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario ante los ministros del interior Alfonso Prada y de defensa, Iván Velásquez.
La senadora Quilcué fue clara al expresar que “las soluciones a esa crisis humanitaria debe darse directamente en la región dialogando con las comunidades afectadas”.
Dijo que lo que se viene dando en Caldono es una constante en el Cauca. Por su parte, Pete, hizo un nuevo llamado para que esos grupos armados irregulares muestren voluntad para acogerse a la paz total y para que respeten el cese al fuego bilateral.
Se exhortó a la comunidad internacional a vigilar este proceso para evitar que sigan los asesinatos, las amenazas y el reclutamiento de menores de edad.
Por su parte, el consejo regional indígena del Cauca, se declaró en máxima alerta ante los graves hechos que han deteriorado el orden público en varios territorios y en especial en Caldono y en la zona de la cordillera occidental.
“Solicitamos al Estado Colombiano, en cabeza del Presidente de la República, que, en cumplimiento de sus deberes, adelanten las medidas necesarias y pertinentes para salvaguardar la vida, la integridad y los derechos humanos de los pueblos indígenas del CRIC, además para que intervenga de manera inmediata en el marco del cese al fuego, pues evidenciamos de manera latente una crisis humanitaria en nuestros territorios”, dice un comunicado.
Más adelante sostienen que “ante la grave situación expuesta hacemos un llamado urgente a las entidades del ministerio público; a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales para realizar acciones que obliguen al gobierno nacional a asumir su responsabilidad constitucional para salvaguardar la integridad de los pueblos indígenas”.
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