El Ministerio de Justicia y del Derecho firmó convenio interadministrativo con la Universidad Industrial de Santander por más de $ 1.000 millones para implementar la conciliación en equidad en 11 municipios PDET de los departamentos de Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó y La Guajira, afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la escasa oferta institucional.
Los municipios priorizados son Santa Rosa del Sur, Simití, Arenal y Morales (Bolívar); López de Micay y Guapi (Cauca); Agustín Codazzi y Bosconia (Cesar); Acandí y Medio Atrato (Chocó) y San Juan del Cesar (La Guajira).
En estos territorios se espera formar 500 nuevos conciliadores en equidad que puedan atender y orientar a los ciudadanos en la solución de conflictos familiares como cuotas alimentarias o régimen de visitas, problemas de convivencia por ruidos, humedades o mascotas, contratos, arriendos, deudas, linderos, entre otros.
La conciliación en equidad es un método gratuito de resolución de conflictos, por medio del cual dos o más personas solucionan sus conflictos con el apoyo de un tercero neutral denominado conciliador en equidad, quien ayuda a construir un acuerdo de obligatorio cumplimiento.
El convenio, que se prolongará hasta diciembre de 2023, contempla los siguientes pasos:
– Identificación y ubicación geográfica de los conflictos en las comunidades.
– Nominación de candidatos como conciliadores en equidad por parte de las comunidades.
– Capacitación y certificación de los nominados como conciliadores en equidad.
Una vez certificados, el Ministerio de Justicia emitirá una comunicación dirigida a la primera autoridad judicial de cada uno de los 11 municipios, en la que presentará las listas de los participantes que cumplieron con los requisitos para que sean nombrados como conciliadores en equidad por dichas autoridades.
El Ministerio de Justicia y del Derecho está enfocado en promover la conciliación en equidad como parte de la #JusticiaSocial que promueve el #GobiernoDelCambio. Además, busca expandir la cobertura de la justicia comunitaria a través de la formación de un grupo significativo de conciliadores en equidad, en su mayoría líderes comunitarios, comprometidos con este servicio voluntario, quienes desempeñarán un papel fundamental en la construcción de comunidades más justas, inclusivas y pacíficas, especialmente en zonas rurales más apartadas.
Con la entrada en vigencia de la Ley 2220 de 2022, conocida como el Estatuto de Conciliación, se espera garantizar el desarrollo y la sostenibilidad de la conciliación en equidad en todo el país. Esta norma establece la responsabilidad de las alcaldías de crear programas locales o distritales de justicia en equidad, con el objetivo de promover, desarrollar y fortalecer la práctica de la conciliación en equidad y otras formas de resolución de conflictos a nivel comunitario. Las autoridades locales tendrán la tarea de supervisar y evaluar el desempeño de los conciliadores en equidad.
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