La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, encabezó en Popayán un encuentro con autoridades regionales y locales, entidades y organizaciones sociales para analizar la situación de derechos humanos en el departamento y revisar los riesgos que continúan afectando a las comunidades.
Durante la reunión, realizada un año después de la presentación del informe “Cauca: voces que resisten 2024-2025”, la entidad presentó una actualización de las cifras y entregó herramientas para fortalecer las acciones institucionales de prevención, protección y garantía de los derechos humanos.
El documento advierte sobre la persistencia del conflicto armado, las disputas territoriales y la expansión de economías ilícitas, escenarios que afectan especialmente a los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y población campesina.
Entre los actores armados señalados se encuentran el ELN, las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y organizaciones del crimen organizado, que mantienen disputas por corredores estratégicos relacionados con el narcotráfico, la minería ilegal y las rutas hacia el Pacífico.
La Defensoría del Pueblo informó que mantiene 20 Alertas Tempranas vigentes en el Cauca, que advierten sobre los riesgos derivados de las confrontaciones entre estructuras armadas ilegales. Entre las más recientes se encuentran la Alerta 018 de 2026 para Popayán y la 022 de 2026 para Mercaderes.
La entidad reiteró la importancia de que las autoridades adopten medidas oportunas para proteger a la población civil, ante las amenazas, restricciones a la movilidad y demás afectaciones humanitarias que persisten en el territorio.
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