La Superintendencia de Industria y Comercio recibió recientemente una carta de la firma Valbuena Abogados, que en representación de la Asociación Colombiana de Viajes y Turismo (Anato) le pide abrir una investigación contra la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata por sus siglas en inglés).
La razón, según Anato, es que las 49 aerolíneas asociadas a Iata que operan vuelos internacionales en Colombia estarían incurriendo en prácticas que limitan la libre competencia de las agencias de viajes en el país.
Según la asociación, los países deben evaluar las prácticas de Iata según su legislación pues las aerolíneas aplican una serie de normas acordadas por la Iata para mantener ciertas condiciones que les beneficien.
Pero dichas normas terminan aumentando los precios de operación -y por tanto los cobros a los clientes finales- de las agencias que no están vinculadas también a la Iata pero que deben contratar con alguna de estas aerolíneas.
El resultado es una disminución de los consumidores que utilizan sus servicios, lo que según Anato termina por quitarles el punto de equilibrio necesario para su funcionamiento, de modo que estas terminan cerrando su operación y reduciendo el número de opciones a las que puede acceder cualquier empresa o ciudadano que quiera contratar este tipo de servicios y afectando así el desarrollo del mercado nacional.
Otra de las quejas contra Iata es que la organización obliga a que se le informen los cambios que cada aerolínea pretenda adelantar en su organización, lo que elimina la incertidumbre que necesita el mercado para que cada competidor pueda establecer una estrategia independiente para ofrecer una mejor alternativa que las demás aerolíneas. Esta práctica podría evaluarse como colusión.
La Iata le dijo a La República que todavía no hablará sobre el caso pues está evaluando la situación.
Para el exsuperintendente de Industria, Pablo Felipe Robledo, “Ni Iata ni nadie puede ejecutar prácticas que limiten o restrinjan la libre competencia económica en Colombia. Quien lo haga debe ser investigado y sancionado severamente por la SIC”.
La queja está en estudio en la Delegatura de Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, que definirá si se abre una investigación formal.
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