La norma señala que los víveres que no se comercialicen puedan ser donados a organizaciones sin ánimo de lucro que atiendan a la población más vulnerable.
Además crea incentivos para las personas que eviten el desperdicio de alimentos y para esto el Gobierno, a través de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, tendrá 6 meses para implementar la política pública.
Finalmente la ley busca sensibilizar a los distribuidores y a los consumidores a realizar un manejo adecuado de los alimentos.
“Se busca garantizar que todos los actores intervinientes en la cadena de suministro de alimentos, con especial énfasis en los campesinos, las mujeres y los pequeños productores, sean beneficiarios de la política pública de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos”, dijo el Gobierno.
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