Cauca y Nariño afrontan la peor crisis de seguridad contra líderes sociales

Un informe reciente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), titulado ‘Cauca y Nariño: Crisis de seguridad en el posacuerdo’, alertó sobre la crisis de seguridad que atraviesa el suroccidente colombiano, la cual se ha agudizado debido a factores como el homicidio, el desplazamiento forzado, desapariciones y el reclutamiento de niños y jóvenes.
Tanto Nariño como Cauca registran cifras preocupantes de asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, desde el año 2016 cuando se firmó el Acuerdo de Paz. Según los datos, “en el Cauca se registraron 119 homicidios en contra de líderes sociales y defensores de derechos entre enero de 2016 y diciembre de 2018 (42 en 2016, 35 en 2017 y 48 en 2018); en Nariño, en ese mismo periodo, 49 casos, de los cuales 33 han tenido ocurrencia en Tumaco”.
Además, “los homicidios en contra de comunidades indígenas entre enero de 2017 y noviembre de 2018 en el Cauca alcanzaron la cifra de 40 y en Nariño, las 13 personas”.

Informe de la Defensoría del Pueblo
La labor en terreno de la Defensoría del Pueblo permitió establecer que en el 2018 ocurrieron 172 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 158 eran hombres y 14 mujeres.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo convocará, para el próximo 21 de febrero en Bogotá, una Audiencia Defensorial en la que se hará la actualización de los escenarios de riesgo que enfrentan estos activistas y se revisará la respuesta del Estado y el Gobierno en la protección de la vida de los líderes sociales, así como en el cumplimiento de las acciones preventivas para detener la violencia de la que son víctimas desde hace varios años.
El objetivo es impulsar, de manera determinante, la protección de los derechos de quienes representan a las comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
“Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado.  Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades; y esto viene sucediendo desde el mes de marzo del 2017. Una alerta desatendida, es una muerte no evitada; una muerte no evitada, una violación directa al deber de proteger los DD. HH.: eso es lo que ha sucedido”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera.
En el monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas, SAT, también se encontró que de los crímenes ocurridos en 27 departamentos, se cometieron más en Cauca (35); Antioquia (24); Norte de Santander (18); Valle del Cauca (14); Caquetá (11); Putumayo (11); Meta (10); Nariño (7); Chocó (6); Arauca (5) y Córdoba (5).
En cuanto a los municipios, los 30 con mayor número de homicidios corresponden igualmente a los departamentos con más altos niveles de ocurrencia de esta violación a los derechos humanos, entre ellos Corinto (Cauca), con 16 casos; Caloto(Cauca), con 13; Tumaco (Nariño), con 12, y Riosucio (Chocó), con nueve.
Al consolidar los casos de 2018, la Entidad estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo verificó siete homicidios de líderes sociales en los primeros 8 días del año 2019, en Cauca (2), Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena, Caquetá y Norte de Santander.