Más de 4 años ha esperado la Corte Suprema para la extradición de Arias

La Corte Suprema de Justicia condenó a Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agro Ingreso Seguro en el año 2014, específicamente el 17 de julio y días después, el 27 de agosto, solicitó la extradición desde Estados Unidos. Desde ahí ha venido reiterando la necesidad de que pague esta condena, y negando todo tipo de recursos.
Para la Corte el exministro de Agricultura es el responsable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento, por los millonarios subsidios que se le dieron a grandes familias pero que se habían creado para pequeños campesinos.
El Exministro pidió asilo político en Estados Unidos, así como la libertad condicional. Incluso, el embajador de Colombia en ese país, Francisco Santos, solicitó que se le otorgará ese último beneficio pero en esas ocasiones la Corte reiteró su posición. De hecho calificó la petición del embajador como un “disparate”.
La Corte envió varias cartas a la Cancillería insistiendo sobre la necesidad de reiterar la extradición, la última el 11 de septiembre de 2018. Meses después, se conoció el fallo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que se recomendaba a Colombia garantizarle la doble instancia dado a que se habrían violado sus derechos, incluidos los políticos, por inhabilitarlo de por vida.
El fallo, aseguró la defensa de Arias, debía cumplirse por parte del Estado colombiano, e incluso miembros del Centro Democrático solicitaron retirar la petición de extradición, lo que señaló el mismo presidente Iván Duque, era improcedente.
Luego de analizar la sentencia del organismo de la ONU, la Corte Suprema respondió el pasado 13 de febrero señalando que no estaba dentro de sus capacidades, ni facultades, la posibilidad de eliminar la cosa juzgada.
Además, que no era posible aplicarle la doble instancia considerando que el acto legista que la creo entró en vigencia el año pasado y su condena se emitió cuatro años antes.
En su decisión, el tribunal no negó directamente la posibilidad de apelar esta condena, pero sí advirtió la necesidad de hacer una reforma constitucional por lo que la respuesta debe darla el Congreso.