Contraloría advierte sobre posible ‘carrusel de las escuelas’ en Colombia

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La Contraloría General de la República avanza en una indagación preliminar en obras de infraestructura educativa, contempladas en los planes del gobierno anterior, para implementar la Jornada Única Escolar en Colombia.

La investigación se inició atendiendo un cúmulo denuncias que ha recibido el organismo control por parte de alcaldes, secretarios de educación, concejos municipales, veedores asociaciones de padres de familia, rectores, congresistas y, en general, comunidades de varias regiones del país, afectadas por retrasos e incumplimientos en las obras.

El ente de control señaló que son varios los casos donde el costo promedio por aula nueva desborda el que fue estimado en el Documento Conpes 3831 del 3 de junio de 2015, por el cual se declaró de importancia estratégica el Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la implementación de la Jornada Única Escolar.

“Es el caso de la Institución Educativa Pompilio Martínez de Cajicá, donde se construyeron tres aulas a un costo promedio de $1.039 millones por aula, que desborda el costo promedio por aula terminada estimado en el Conpes 3831, que era de $146 millones”, indica el informe.

De acuerdo con el diagnóstico consignado en dicho Conpes, este Plan debía cumplir, a diciembre de 2018, con la meta de resolver el 60% del déficit estimado en 51 mil aulas nuevas y ampliadas; es decir, cumplir con la entrega de al menos 30 mil nuevas aulas.

Sin embargo, los investigadores encontraron que dicha meta no se cumplió porque a diciembre de 2018 sólo se habían terminado 73 proyectos en área urbana, de un total de 543 aprobados por la Junta Administradora del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa.

“De esos 543 proyectos contratados sólo se comenzaron 310, de los cuales 237 aún se encuentran en obra negra y de los 73 terminados solo se han entregado 12 proyectos, equivalentes a 230 aulas, de las cuales solo 131 son nuevas, 5 especializadas y el resto mejoradas”, manifestó la Contraloría.

Finalmente, se indica que dos de las instituciones educativas terminadas deberán demolerse, porque no es posible certificar si cumplen con los estándares constructivos y de sismo resistencia exigidos por las normas técnicas vigentes.

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