¿Qué ha hecho la justicia en 29 años del magnicidio de Carlos Pizarro?

El 26 de abril de 1990 fue asesinado a quemarropa y en pleno vuelo de Bogotá a Barranquilla el candidato presidencial del M-19 Carlos Pizarro Leongómez. Hoy, 29 años después, su caso sigue en casi completa impunidad pues los únicos condenados por el maginicidio –Fidel y Carlos Castaño- están muertos, y el juicio que se inició hace más de un año contra el primer agente estatal investigado por este hecho todavía no ha podido terminarse y ha estado lleno de dilaciones.

Pizarro fue el tercero de los candidatos presidenciales que en un lapso de 9 meses fueron asesinados entre 1989 y 1990. Primero fue Luis Carlos Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, asesinado en un evento público en Soacha en agosto de 1989; luego mataron a Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la UP, en marzo de 1990 en el aeropuerto de Bogotá, después fue asesinado el exjefe del M-19.

Su esperanza de paz, tras lograr la desmovilización durante el Gobierno de Virgilio Barco, terminó con los 15 balazos que, con una subametralladora, en cuestión de dos segundos le propinó por la espalda Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Yerry, en pleno vuelo.

Tanto se ha demorado en llegar la justicia que mediante una tutela Jaime Ernesto Gómez Muñoz, el exagente del DAS que disparó contra el sicario que asesinó a Pizarro – según la tesis de la Fiscalía, para callarlo-, buscó este año que lo dejaran libre por vencimiento de términos, pero este lunes la Corte Suprema de Justicia no le concedió el recurso y seguirá privado de la libertad en la cárcel La Picota.

Por otro lado, el mismo lunes estaba programada la audiencia para que se presentaran los últimos dos testigos de la defensa de Gómez y se pudieran comenzar los alegatos finales, la última parte del juicio, pero la diligencia no pudo realizarse porque no solo no fueron sus testigos sino que él no quiso presentarse a la audiencia. Gracias a esa nueva dilación, la próxima fecha para continuar con el juzgamiento es en agosto.

Para María José Pizarro, representante a la Cámara e hija de Carlos Pizarro, esta dilación en la fase final del juicio no solo es triste sino indignante. “No estamos hablando de un caso cualquiera, es uno de los magnicidios que cambiaron la historia de este país en los años 90, que ha estado en una etapa preliminar por los últimos 25 años y que hoy, cuando por fin empiezan a abrirse las posibilidades de que podamos acceder a la justicia y la verdad, pasa esto”, comentó la congresista.

Y agregó que su defensa analiza todas las posibilidades jurídicas, entre ellas una tutela, para lograr que esta audiencia sea reprogramada para una fecha más próxima y que la justicia, tras más de 20 años de retraso, entregue el primer veredicto en un caso que probaría que tras el asesinato del excandidato presidencial no solo estuvo el clan Castaño sino que participaron organismos estatales.

De este juicio depende que la investigación por uno de los asesinatos que cambiaron el rumbo de la historia patria en los años 90 pueda llegar hasta los determinadores del crimen, “mientras no se llegue al pináculo de la pirámide de quienes ordenaron los crímenes, no se ha hecho nada”, comentó el fiscal del caso, quien agregó que ya tienen algunos nombres y continúan las investigaciones.

Nuevas caras vinculadas al caso

Además de la condena a 24 años de cárcel, en 2002, a Fidel y Carlos Castaño como autores intelectuales del homicidio, nadie más ha sido declarado culpable por el hecho, aunque en 2010 el crimen fue declarado como de lesa humanidad por lo que no prescribirá.

Actualmente, además de Gómez hay cuatro personas más vinculadas a la investigación y ya se compulsaron copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a una quinta: el general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, quien para la época era el director del DAS y tiene una condena de 30 años de la Corte por el magnicidio del también excandidato presidencial Luis Carlos Galán.

Entre las deudas con la verdad en el caso están, por ejemplo, explicar cómo, pese a que las medidas de seguridad en el aeropuerto El Dorado se extremaron tras el asesinato de Ossa, alguien pudo ingresar una ametralladora al avión de Avianca en el que Pizarro viajó de Bogotá a Barranquilla; cómo Jaime Ernesto Gómez, un estudiante que a duras penas pasó los requisitos para convertirse en escolta, fue asignado, una semana antes, al esquema de seguridad de uno de los hombres que más custodia debía tener; y quién y cómo ingresó el arma al avión, puesto que se comprobó que el sicario no la llevaba sino que la tomó de uno de los baños de la aeronave.

Los más recientes desarrollos del caso comenzaron hace cuatro años, cuando la Fiscalía ordenó la exhumación del cuerpo de Pizarro y el de ‘Yerry’ y, con nuevas evidencias, vinculó al proceso a varias personas.

Además del escolta Gómez fueron llamados a la investigación Manuel Antonio González Henríquez, exdirector de la Dirección de Protección del DAS, Flavio Trujillo Valenzuela, exjefe de la Dependencia de Corporaciones Públicas del DAS, Elías Hernando Salas Barco, alias el Pastuso, un exmilitar que sirvió a Carlos Castaño, y Ernesto Munarriz Salcedo, un contratista de Avianca encargado de detectar explosivos y drogas en los vuelos.

De acuerdo con la investigación, tanto González como Trujillo, cabezas del DAS para ese entonces, jugaron un papel trascendental en las novedades administrativas que terminaron con que, una semana antes del antentado, el esquema de seguridad de Pizarro fuera modificado. El 3 de abril de 1990 se retiró a dos de los escoltas que habían ingresado al esquema del excandidato desde el comienzo, Gómez fue incorporado días después en reemplazo de uno de ellos.

Registros firmados por estos exjefes del DAS dejan ver elementos sospechosos, como la incongruencia en la fecha de una nota firmada por Trujillo el 30 de mayo de 1990 en la hoja de vida de uno de los escoltas retirados del esquema de Pizarro. “Cumple a cabalidad con sus misiones encomendadas como escolta del señor Carlos Pizarro, debe mantener buenas relaciones con sus compañeros”. No solo para esa fecha el escolta de referencia ya había sido retirado del esquema de Pizarro sino que este llevaba muerto más de un mes.

Sobre Salas, un suboficial retirado del Ejército que luego de pensionarse se convirtió en hombre de confianza de Carlos Castaño, la investigación no solo recoge pruebas sobre vinculación al homicidio, sino que su testimonio explica, por ejemplo, por qué si por instrucciones internacionales y del mismo Henríquez los escoltas no podían ir armados en los aviones, el día del homicidio Gómez portaba el arma con la que le disparó al sicario: “La orden era que el sicario no podía quedar vivo, esa orden la dio Carlos Castaño, por eso la persona del DAS que le disparó al sicario iba armado”, declaró Salas ante la Fiscalía.

En cuarto lugar, la Fiscalía investiga a Ernesto Munarriz, un civil que para la época del crimen había sido contratado por Avianca para que apoyara la seguridad de vuelos internacionales específicamente con perros antiexplosivos y antidrogas.

Varias cosas llaman la atención, primero, antes de su vinculación a la empresa, la única experiencia que Munarriz tenía con perros era con canes de exhibición, lo cual era un hobby suyo, comentó el investigador del caso, algo completamente diferente a manejar caninos como entrenador para detectar sustancias peligrosas.

Segundo, Munarriz, quien fue contratado para chequear vuelos hacia México, Miami y Nueva York (que para entonces eran las rutas de la droga) entró a revisar el Boeing 727-100 HK 1400 que cumplía la ruta Bucaramanga-Bogotá-Barranquilla donde fue acribillado Pizarro. Tercero, fue la última persona en abordar el avión, haciendo un chequeo antiexplosivos y antidrogas, antes de que entraran la tripulación y los pasajeros.

Por último, es para la Fiscalía sospechoso que el contrato de Munarriz con Avianca había comenzado el 5 de abril de 1990 (días antes del asesinato de Pizarro), ese año constituyó su empresa de seguridad canina y en apenas dos años logró un crecimiento económico “meteórico” pasando de tener dos perros a más de 200, “consolidación cuyo inicio coincidiría con los hechos que se investigan “, dice el ente investigador.Por esto, las pesquisas apuntan a que él fue quien puso el arma asesina en el baño trasero del avión, de donde la tomó el sicario que mató a Pizarro.

El eslabón que falta

A pesar del arduo trabajo de la Fiscalía, ya hay elementos de todo este “plan criminal conjunto” entre ilegales e instituciones del Estado que ocultaban gran parte de la verdad de lo que pasó pero han muerto. Entre ellos está el exmilitar Negüib de Jesús Espinosa Cardona, separado del Ejército por mala conducta y que luego se unió a los Castaño.

Espinosa jugó, de acuerdo con la investigación, un papel fundamental que responde a la pregunta de cómo llegó el arma hasta el aeropuerto El Dorado.
​
Según ha establecido el ente investigador, fue Espinosa quien transportó desde Medellín hasta Bogotá el arma homicida. También fue quien, vistiendo prendas militares y con un carné fraudulento que lo identificaba como miembro de la Fuerza Pública, a pesar de que había sido expulsado desde 1983, entró la subametralladora sin que nadie sospechara de él por su vestimenta y porque tenía múltiples contactos en El Dorado. Ya en el aeropuerto la habría entregado a un escolta de Pizarro que luego se la entregó a Munarriz para depositarla en el baño trasero del avión.

De acuerdo con testimonios recogidos, el exmilitar también habría participado en los homicidios de Ossa y Galán, en el atentado en 1989 contra un avión de Avianca que había despegado de El Dorado y cayó en Soacha, Cundinamarca, tras la explosión de una bomba, y en la masacre en el corregimiento de Pueblo Bello, de Turbo, Antioquia, en 1990.

A pesar del rol fundamental que, según la investigación, Espinosa desempeñó en estos crímenes, de su boca no se conocerá una confesión ni habrá una condena en su contra porque en 1991 en Cocorná (Antioquia) fue asesinado por varios hombres que lo lanzaron a una cuneta y luego lo incineraron vivo al grado de la calcinación, al tiempo que lo golpearon con elementos contundentes en la cabeza.