La agenda legislativa en el Senado al parecer se destrabó después del trámite de las objeciones a la JEP y el Plan Nacional de Desarrollo y la Comisión Primera de esta corporación inició la discusión del acto legislativo que busca eliminar la conexidad de los delitos sexuales con los políticos.
La idea de esta iniciativa es que aquellos integrantes de grupos al margen de la ley que cometan delitos contra menores de edad reciban penas ejemplarizantes que den tranquilidad a las víctimas.
La senadora Maritza Martínez del Partido de La U y quien en distintos escenarios ha defendido los derechos de los menores, hizo una férrea defensa de esta iniciativa para evitar que quienes agredan sexualmente a los menores reciban beneficios.
“Este tema de los delitos sexuales genera un gran debate y la semana pasada tuvimos oportunidad de hablar de este tema. Yo anhelo la paz, pero creo que a los menores hay que hacerles justicia por encima de cualquier consideración y la Constitución dice que no hay ningún derecho que esté por encima del de los menores”, dijo la legisladora.
Martínez indicó que justamente uno de los temas que divide al país es la posibilidad de que quienes hayan cometido delitos sexuales en contra de menores de edad no paguen las penas justas por sus delitos. “Llegó el momento de generar una tranquilidad en este tema porque eso no ha permitido que los colombianos estén tranquilos, este es un tema que perturba y genera confrontación. La Corte Constitucional al estudiar el artículo 146 de la JEP dejó unas consideraciones que hoy permiten establecer la pertinencia y la constitucionalidad de este acto legislativo”.
Recordó que en el país se han presentado graves casos de violaciones y asesinatos de menores de edad y que sería lamentable que esas personas responsables se puedan someter a la JEP para recibir beneficios. A su turno la ministra de justicia Gloria María Borrero, recordó que este acto legislativo no será retroactivo por lo que operará hacía el futuro y no está cambiando en nada el acuerdo de paz que firmó el Gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las Farc.
Sin embargo la senadora Paloma Valencia indicó que buscará que a lo largo del debate se incluya una propuesta para que el acto legislativo pueda tener retroactividad ya que, a su juicio, no es justo que los integrantes de la Farc que cometieron este tipo de delitos reciban penas alternativas.
El senador de la Farc, Carlos Antonio Lozada, en contra de quien hay varios señalamientos de presuntos abusos sexuales, aseguró que en la ley de amnistía se dejó en claro que los temas sexuales no tendrán beneficios. “No se le puede mentir al país porque este proyecto lo que busca es otra cosa, en el acuerdo de paz quedó claro cuáles delitos no serían amnistiables. En el reglamento de la Farc se estipulaba el fusilamiento para quienes cometieran delitos sexuales”.
De inmediato el senador del Centro Democrático Santiago Valencia le respondió a Lozada y le dijo que él no es el más adecuado para hablar de estos temas ya que en su contra hay varios señalamientos de abusos sexuales y podría recibir beneficios de la JEP. “Usted debe responder en la JEP por las acusaciones en su contra, entiendo que tenga miedo y eso lo refleja acá. Esto no le afectará su proceso porque aplicará hacía el futuro y esto sencillamente busca corregir los errores que se cometieron con ustedes que hoy día están en el Congreso sin haber sido condenados y pagar sus penas”.
Este es uno de los puntos de honor del Gobierno nacional y así lograr que los delitos sexuales pasen a la justicia ordinaria. Este acto legislativo hace tránsito en su quinto debate y antes del 20 de junio deberá superar dos debates más para hacer las modificaciones.
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