A través de un comunicado de prensa la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desmintió un artículo sobre dos presuntos contratos con organizaciones indígenas, que dice que esos dineros podrían haber llegado a la minga.
En la publicación, hecha por el diario El Tiempo y titulada ‘Dinero de la JEP ha llegado a las mingas’, se afirma que la “JEP ha contratado en dos oportunidades a la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), representada por Julio César López Jamioy”.
“Los contratos sumados superan los dos mil millones de pesos entre los años 2018 y 2019. López es un reconocido líder de las mingas de reciente ocurrencia en la vereda Condagua (Mocoa) y resultó herido en las confrontaciones con el Esmad. Entre los propósitos con los que se presenta a la Opiac está el de defender los derechos humanos y capacitar”, dice la nota.
Frente a esto, la JEP explicó que “esa afirmación carece de toda veracidad” e indicó que “la JEP ha cumplido un mandato constitucional y legal que le impone realizar el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas a través de sus organizaciones. (Art. 330 de la Constitución Política y Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991)”.
📰|| La @JEP_Colombia rechaza publicación de @ELTIEMPO, titulada “Dinero de la JEP ha llegado a las mingas”, según la cuál recursos de la entidad habrían ido a parar a la Minga indígena. pic.twitter.com/nKTmQ30Cod
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) 12 de mayo de 2019
La JEP también aclara que los recursos “se han destinado exclusivamente a ese propósito, atendiendo estrictamente las normas de la contratación estatal y los mecanismos de decisión y administración de los pueblos indígenas, esto último también es de ley”.
Califica lo publicado como “tendencioso” y dice que es “muy delicado afirmar que los recursos de la JEP fueron a parar a las mingas, pues pone en tela de juicio un proceso realizado con estricto apego a la Constitución Política y a la Ley”.
Finalmente, la JEP hizo un llamado para que “no se siga acudiendo a informaciones que carecen de fundamento, que afectan su reputación e interfieren el cumplimento de su mandato”.